Una de las etiquetas sociales más difíciles de remover es la de ser una persona conflictiva. Dicha etiqueta se gana con enorme facilidad si la merecedora de tal denominación es una mujer y le hace sombra a cualquiera que se considera mejor o con mayores derechos. O cuando se manifiesta en contra de lo que considera injusto: abusos, despidos injustificados, malos tratos, asesinatos, despojos, feminicidios.
Con enorme desdén, un jefe al que le llegan informes sobre esa empleada que anda dando consejos legales a otras compañeras para que se defienda de hostigamiento, maltrato laboral o sexual despedirá a la sospechosa por “no tener el perfil adecuado” cuando en realidad la saca por “conflictiva”. Tal actitud abunda en las oficinas de la iniciativa privada y mucho más en las de gobierno. Pero si se analiza la realidad nacional con mayor detenimiento, vemos que también se tacha de conflictivas a las mujeres activistas, a las madres buscadoras, a las chicas que se manifiestan cada 8 de marzo en las calles, a las que exigen su derecho al aborto, y a quienes pretenden vivir una vida elegida por ellas mismas.
Conforme se incorporan a las distintas áreas de los social, una gran cantidad de mujeres de este país, sobre todo si se les ha clasificado como “inadecuadas”, “diferentes” o “que no encajan”, encuentran en su día a día rechazos, burlas, traiciones de compañeras, amigas, novios, sea en la escuela, en casa, en su grupo del colegio y entre compañeros de trabajo. Pero si encima esas mujeres “anómalas” se pronuncian en contra de alguna decisión tomada de manera arbitraria por autoridades domésticas, escolares, laborales, familiares o amorosas, de inmediato les cae encima la famosa etiqueta. Esta especie de censura no incluye el cuestionamiento, se aplica sin que nadie se tome la molestia de comunicar las razones del rechazo. Sólo le dicen a quienes quieren escuchar: “Aquí no puede estar esa mujer. Es conflictiva”. Por supuesto, también la etiqueta se le aplica a los hombres, pero con una diferencia importante: el conflictivo casi siempre es temido y, a veces, hasta respetado. La autoridad suele preocuparse de su actuar, quizá porque en una organización, la competencia y la búsqueda de caminos cortos implica meter codos, zancadillas y otras formas de la intimidación y la violencia.
Igualmente, una mujer que se queja sin ser atendida suele tacharse de conflictiva cuando ella insiste en que se le haga caso. Los reclusorios están llenos de mujeres que, aparte de una sentencia de cárcel, llevan el estigma del repudio familiar por haber ignorado a las buenas conciencias cuando les repetían: “Ya, ya, no seas conflictiva”.
Rufina Galindo fue tachada de conflictiva por la Fiscalía Ambiental de la Ciudad de México, entidad que se ha dedicado a despojar y a desalojar a las familias que tradicionalmente vivían en el centro, un botín suculento para las empresas inmobiliarias en busca de la gentrificación de ese núcleo urbano distinguido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la Unesco en 1987. A pesar de tener un amparo para detener el desalojo de su casa y la de sus hijos, las inmobiliarias llegaron con granaderos y policías armados para ejecutar, de manera terminante, las órdenes de sus jefes de la fiscalía antes mencionada.
La abogada Digna Ochoa, miembro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, fue tachada de conflictiva por funcionarios, militares y delincuentes vinculados con todos ellos. Fue la defensora de más de 30 personas acusadas de provocar un acto considerado delictivo en contra del entonces presidente de México, Ernesto Zedillo. Los últimos años de su vida se la pasó protegiéndose de amenazas y hasta de un secuestro, a pesar de medidas cautelares que solicitó y obtuvo por dos años a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al término de esos dos años de protección, Digna Ochoa fue asesinada en su casa-oficina de la colonia Roma de la ciudad de México. La ridícula actuación de las autoridades durante las primeras investigaciones concluyó que la activista y abogada Digna Ochoa se había suicidado. En 2021, la lucha de su familia llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual declaró la responsabilidad internacional de México por las terribles irregularidades en la investigación de la muerte de la activista. Todo un logro, considerando que el caso se había cerrado en 2002. Tal fue la burla y la negligencia de las autoridades implicadas que, a pesar de dos agujeros de bala: uno en la sien, el segundo en el muslo izquierdo y un tercer balazo percutido del cual sólo se encontró el casquillo, se determinó que la abogada se había suicidado. Ya en 2022, luego de una investigación verdadera (que incluyó la exhumación del cadáver), el gobierno de México, a través de Alejandro Encinas, ofreció disculpas por las fallas en el debido proceso.
Cuando a una mujer se la tacha de conflictiva, muchas veces los maridos encuentran excusas para violentarlas e incluso matarlas. Casos mediáticos que ejemplifican esta situación son los de la también abogada Cecilia Monzón, cuyo feminicidio fue ordenado por su expareja, Javier López Zavala. Su muerte inspiró la llamada “Ley Monzón”, la cual protege a las víctimas indirectas del feminicido, de manera que si el padre es acusado de matar a la madre quedan en suspenso sus derechos a la patria potestad de los hijos, y los pierde cuando es sentenciado por comprobarse su culpabilidad.
También destaca el feminicidio de Esmeralda Gallardo, madque murió cuando se hallaba en busca de su hija Betzabé Gallardo. En su caso, luego de dar varias entrevistas en algunos medios de comunicación poblanos, fue asesinada en la colonia Villa Frontera.
Y así podríamos hacer una larga lista de mujeres “conflictivas” que fueron silenciadas porque, para sus asesinos, calladitas siempre se verán más bonitas.
