El gobierno de Puebla inició diálogo con veterinarios para trabajar en una iniciativa de reforma que garantice su seguridad y la de los animales, luego de la manifestación en la que exigieron justicia por el asesinato de Héctor Hernández.

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) recibieron este miércoles a representantes del Consejo de Veterinarios para trabajar en una iniciativa de reforma que proteja su trabajo y a los animales, después de la protesta que tuvo lugar en Puebla y en 15 estados del país.

Los zootecnistas demandaron protección para su gremio tras la muerte de Hernández, quien presuntamente fue apuñalado por los dueños de una perrita Yorkshire que murió por complicaciones postoperatorias.

Subsecretarios de la dependencia estatal acordaron mesas de trabajo con los representantes de los veterinarios poblanos para analizar su pliego petitorio y establecer reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno. Los profesionistas también pidieron atención a los problemas del sector, pues afirman ser víctimas de acoso y violencia por su labor, a pesar de atender casos de maltrato animal.

El gremio también solicitó ser tomado en cuenta en la legislación sobre protección animal, pues denuncian que su profesión no es considerada en estas regulaciones, lo que los expone a represalias y denuncias.

Homicidio de veterinario genera indignación

Héctor Hernández, veterinario de Tultepec, Estado de México, fue presuntamente amenazado y extorsionado por una pareja tras atender en enero a una perrita con obstrucción en el esófago. El animal falleció por complicaciones derivadas de la atención tardía y, en represalia, la pareja supuestamente lo apuñaló en varias ocasiones. Hernández murió a mediados de febrero.

Según datos de la plataforma Data México de la Secretaría de Economía, en el país hay 50 mil 500 veterinarios y zootecnistas, de los cuales solo 67 por ciento trabaja formalmente. En Puebla, la dependencia federal reportó 600 veterinarios ocupados en el tercer trimestre de 2024, pero antes de finalizar el año, el campo laboral disminuyó 18 por ciento.

La entidad también enfrenta problemas de maltrato animal. Desde el inicio de la administración de Alejandro Armenta, se han registrado 300 quejas por abuso animal, de las cuales 63 fueron ratificadas ante el Ministerio Público, según el Instituto de Bienestar Animal.