La intrincada red de corrupción alrededor del exauditor Francisco Romero Serrano habría alcanzado al grupo priista que alienta las aspiraciones a la gubernatura del líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco.
Uno de los principales involucrados en la trama sería Javier Casique Zárate, expresidente estatal del PRI y coordinador de la bancada tricolor en la LV Legislatura local quien, a la par del también exdiputado local Jonathan Collantes Cabañas, habrían utilizado oficinas de su partido para convocar y recibir presuntos pagos millonarios de exalcaldes a cambio de que no tuvieran problemas en la aprobación de sus cuentas públicas.
Casique Zárate es el principal operador de Enrique Doger Guerrero, excandidato a la gubernatura en 2018. El exrector fungió por muchos años como el jefe político de Ignacio Mier y hoy se encuentra involucrado de lleno en fortalecer las aspiraciones del diputado federal para convertirse en gobernador en 2024.
La primera noticia sobre la red de corrupción auspiciada por Romero Serrano y Javier Casique fue dada por el periodista Fernando Maldonado. En su columna Parabólica, reveló que uno de los exediles que recurrió con Casique y Collantes fue Gerson Calixto Datolli, de Cuetzalan, quien habría entregado 1.6 millones de pesos para obtener inmunidad “antes, durante y después de la revisión de sus cuentas públicas en la Auditoría Superior del Estado, en donde aún despachaba el imputado Francisco José N., que ahora enfrenta dos procesos penales”.
“La operación se repitió con varios de los 58 presidentes municipales con los que cuenta el tricolor en toda la geografía, resultado del proceso electoral de junio del 2021.
“La danza de los ediles que fueron entregar dinero en efectivo a cambio de salvar la supervisión y auditorías del gasto público está al descubierto y en la ruta de convertirse en un nuevo escándalo de corrupción auspiciado por un diputado federal e integrante, también, del primer círculo del dirigente nacional, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, el priista originario de Campeche, en el que el propio Casique Zárate es delegado nacional tricolor”, abundó Maldonado.
HAY QUE INVESTIGAR
La especie fue retomada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta que, si bien no pronunció ningún nombre de los priistas involucrados, sí profundizó en el tema.
En su habitual conferencia matutina, apuntó que el encargado de despacho de la Auditoria Superior del Estado (ASE), Rubén de la Fuente Vélez, se encuentra en la vía de desmontar los compromisos y complicidades que dejó su predecesor, las cuales construyó con la ayuda de personajes del partido tricolor.
“Lo que yo veo es que está desmontando todo un conjunto de compromisos, de complicidades que se construyeron. Ahí hay una nota que aparece la cual señala que en oficinas de la dirección estatal del PRI un exdiputado local asociado con alguien de la dirección estatal -no el presidente del PRI actual- citaban a los presidentes (municipales). El auditor y este señor del PRI. ¡Miren nada más! Ahí se establecían mecanismos de vinculación para generar condiciones de encubrimiento y complicidad. ¡Vean a lo que se llegó!”, criticó.
Todas estas versiones, expuso el mandatario, deberán ser investigadas y corroboradas por las autoridades en materia de función pública. Incluso, indicó que al develarse la trama ha quedado claro quiénes son los políticos que participaron y sus vínculos.
“Todo eso tiene que investigarse, corroborarse, porque ya me está sonando lógico todo este esquema de vínculos del exauditor con políticos. ¿Quién es el jefe político del que estaba ahí en esa oficina y quién es cercano a ese jefe político? No quiero dar nombres, pero me está pareciendo muy lógica toda esa trama que es la política sucia. Todo está listo para pedir que se aclare. Para mí ya está todo claro, pero que sea la autoridad quien lo determine”, enfatizó.
Y, añadió: “¿Qué exdiputado local estaba ahí?, ¿quién de la dirección estatal del PRI estaba ahí?, ¿quién es el gran político priista y quién es el gran socio de ese gran político priista? Todos ellos alimentaron una personalidad (la de Romero Serrano) que se desconcentró, se desbocó, se descontroló y se llegó a tanto. Es lo que veo, se está desmontando una maraña de complicidades y es claro que el auditor deberá investigar”.
LOS ANTECEDENTES
De acuerdo con lo que se desprende de la trama dada a conocer por el periodista Fernando Maldonado y las preguntas lanzadas por el gobernador de Puebla, el exdiputado priista involucrado sería Javier Casique Zárate, lo mismo que Jonathan Collantes, aunque este último llegó al Congreso local por la vía de Nueva Alianza.
El “gran político priista” del que se hace referencia sería Enrique Doger Guerrero, quien desde la rectoría de la BUAP integró a su equipo político a Javier Casique e Ignacio Mier Ve lasco. Los tres, a su vez, llegaron al Ayuntamiento de Puebla tras ganar en 2005. El primero fue alcalde, el segundo secretario de Gobernación municipal y el tercero secretario General de la Comuna.
Desde esa fecha, Ignacio Mier y Doger Guerrero son considerados entre el círculo rojo como socios políticos y de negocios. No obstante, en 2018 el primero prefirió decantarse por Morena y se desempeñó como uno de los voceros de la campaña de Miguel Barbosa. El exrector fue ungido como candidato a la gubernatura por el PRI, mientras que Javier Casique fue incluido en el primer lugar de lista de plurinominales a la LV legislatura local.
Fue hasta finales del mes octubre de 2021, con el pretexto de los foros de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, en que Doger e Ignacio Mier se reunieron públicamente. Su reaparición provocó una cascada de críticas y señalamientos de incongruencia y complicidad. Por ejemplo, Miguel Barbosa recordó que existían sospechas de la participación de Enrique Doger como corifeo del morenovallismo y aseveró que ese respaldo terminaría por perjudicar a Mier Velasco.
Pero fue Jorge Estefan Chidiac, actual coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del estado, el encargado de revelar los detalles que comprobarían la traición del exmunícipe hacia el PRI con la finalidad de favorecer a la candidata Martha Erika Alonso Hidalgo. En los comicios de 2018, dijo, siendo secretario de Acción Electoral del tricolor a nivel nacional solicitó las más de 5 mil actas de cómputo electoral de la entidad, pero fue informado que habían sido extraviadas.
La importancia de esa papelería electoral se centraba en que el PRI era el único partido que cubrió el total de casillas instaladas y podía demostrar si hubo o no un fraude electoral. Morena, en ese tiempo, no contaba con todas las actas, mientras que el PAN sostenía su triunfo por un margen muy reducido de diferencia.
“En esa ocasión Morena no cubrió todas las casillas, y yo como secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional pedí las actas, y estaban desaparecidas, misteriosamente al momento que yo se lo pedí. ¿A dónde fueron a dar más de 5 mil actas que en su momento se nos reportó que tenía el PRI y que de repente ya no las tuvo?”.
Jorge Estefan fue más allá y reveló que Doger Guerrero y su equipo “no solamente reconocieron el triunfo (de Martha Erika), sino que no impugnaron” la elección pese a las sospechas de un cúmulo de irregularidades cometidas.
