La destitución por parte del Poder Legislativo local, con asepsias parlamentaria y jurídica, del ahora extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, deja varias inequívocas lecturas y, entre ellas, la más clara es que el gobernador Miguel Barbosa Huerta y su administración viven el mayor momento de control político de la entidad.
No se trata de invasión de facultades en la división de poderes, sino del ejercicio contundente de la ley, en coordinación.
Por si a alguien le quedaba alguna duda o alguna intención de desafío, desde la imprudencia, la pretensión de impunidad, los abusos o la ilegalidad, debe saber que el mandatario tiene la batuta y hace prevalecer las normas. No más, pero tampoco menos.
La historia es harto conocida y de fácil comprensión. Romero, hoy preso, por violencia familiar y presunto manejo de recursos de procedencia ilícita, perdió la cabeza. Y lo hizo en tiempo récord.
“El poder atonta a los inteligentes y vuelve locos a los tontos” (en lugar de tontos ponga usted otro adjetivo más coloquial), es la frase que incluso ha utilizado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que en este caso encuentra puntual ejemplo.
Francisco Romero apoyó, hace tiempo, la lucha por la legalidad en Puebla. Sus genuinas intenciones se acabaron cuando llegó a la titularidad de la ASE, una institución que requería de una persona proba, honesta y con alta vocación de servicio, pero encontró un adorador de la concupiscencia, quien se embriagó de soberbia, de ambición, desde los tragos apresurados y perturbados que bebió del lado más oscuro del poder.
“El Sultán”, le llamaron varios periodistas, algunos a quienes, por cierto, Romero Serrano amenazó e intentó perseguir, atacándolos hasta en sus contextos familiares. Pero ese es otro tema.
El personaje hoy defenestrado, de acuerdo con la narrativa que fácilmente se puede seguir en los medios de comunicación poblanos, extorsionó, presuntamente; retó con descaro la legalidad y la autoridad superior; y condujo sin decoro público la ASE.
Varios presidentes municipales son testigos, literalmente ante las autoridades judiciales, de las presuntas extorsiones y la petición obscena de hacer negocios, a costa del erario.
El encargado de vigilar la correcta utilización de los recursos públicos terminó muy pronto por convertirse en un abanderado de la corrupción, según consta en las denuncias.
Voz en cuello, Francisco Romero Serrano, de acuerdo con varios de sus ex cercanos, aseguraba que nada le iba a pasar.
Que sus presuntos actos, abundantes y descarados, de corrupción y sus excesos, serían perdonados y cobijados por la impunidad.
Se equivocó y es él, como nadie, responsable de su aciago y merecido destino.
Se erigió, desde sus delirios de poder, como investido de un metapoder, al que ni siquiera el Congreso del Estado podría tocar.
Falló y azuzado y asesorado por sus voceros, quienes terminaron por entregarlo a la hoguera y luego hasta por hacer mofa de él, Romero Serrano se autodenominó “perseguido político”, sin capacidad moral para sostenerlo, cuando la ley ha desnudado sus tropelías.
Quienes así lo sigan llamando nos dejan la genuina duda de que llevaron comisión en sus presuntos negocios turbios y en su peculio.
Con la ley por delante y a pesar de las dificultades de técnica jurídica y parlamentaria que presentó el caso, por su naturaleza, se logró la destitución del cargo con pulcritud procesal, porque sencillamente ya está impedido, por los procesos judiciales que enfrenta en prisión, para ejercerlo.
Es este, sin duda, el mayor y mejor momento de control político, jurídico y administrativo del estado en las manos de Miguel Barbosa Huerta.
¿Quién, desde un anhelo torcido de obtener impunidad, se va a atrever a desafiar al Poder Ejecutivo?
Efectivamente, pienso también que nadie.
