El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ajustó una orden que habilita la liquidación de CIBanco, institución financiera con sede en México, luego de haberle restringido previamente el acceso al sistema financiero estadounidense.

La medida se deriva de una investigación en la que se concluyó que el banco habría facilitado el lavado de dinero vinculado a opioides, lo que motivó acciones regulatorias de alto impacto en su operación internacional.

Como consecuencia de estas determinaciones, se había bloqueado el acceso de CIBanco al sistema financiero de Estados Unidos, mientras que el Gobierno de México asumió el control de la institución para encaminar su proceso de intervención bancaria en México.

La nueva disposición implica que el proceso avance hacia el cierre ordenado de CIBanco, lo que contempla la venta de todos sus activos para cubrir obligaciones financieras y distribuir cualquier remanente entre acreedores.

En un posicionamiento oficial, se subrayó que esta resolución refleja un enfoque coordinado entre ambos países para reforzar la integridad del sistema financiero internacional: “subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan”.

El caso coloca nuevamente bajo escrutinio los mecanismos de supervisión bancaria transfronteriza y el alcance de las sanciones financieras internacionales en operaciones presuntamente vinculadas al crimen organizado.