Además de contar con una mínima participación de sus habitantes en las elecciones de presidentes auxiliares, las juntas de San Felipe Hueyotlipan, San Baltazar Campeche, La Libertad, Ignacio Zaragoza e Ignacio Romero Vargas se han caracterizado por la violencia en sus jornadas plebiscitarias.
Tan sólo en la última elección de juntas auxiliares, las demarcaciones de San Felipe Hueyotlipan, Ignacio Romero Vargas e Ignacio Zaragoza se vieron envueltas en violencia, robo de urnas y quema de boletas que provocó la nulidad de elecciones.
El caso más distintivo es el de Romero Vargas, que por segunda elección consecutiva se fue a elección extraordinaria. En 2019, durante la administración de Claudia Rivera Vivanco, se cancelaron por la quema de urnas que impidieron la celebración de los comicios.
Para los comicios de este año, en esa junta auxiliar se anularon las votaciones por registrarse conatos de bronca entre los votantes y miembros de planillas, el robo de urnas, además de que se registró la presunta compra de votos a favor del candidato Enrique Matamoros García, presuntamente cercano a la regidora panista Gabriela Ruiz Benítez.
En estos comicios también se reportaron incidentes en San Felipe Hueyotlipan, donde presuntos grupos de choque ligados a los candidatos a la presidencia auxiliar irrumpieron en el centro de votación para robarse documentación oficial, además de presuntos actos de compra de votos.
En esta región del municipio ya se habían suscitado irregularidades en los comicios anteriores, ya que en 2019, las planillas contendientes acordaron suspender las votaciones debido a que el Ayuntamiento de Rivera Vivanco entregó una lista nominal “recortada” que solo permitiría que votaran seis personas por hora.
En San Baltazar Campeche, la junta auxiliar más grande con 243 mil 736 electores, se suscitó una riña entre habitantes que se agarraron a golpes afuera del centro de votación con integrantes de las planillas contendientes.
En esta demarcación se denunció la intromisión del Partido Acción Nacional (PAN) en la jornada plebiscitaria. Los excandidatos en la junta auxiliar exigieron la anulación de los comicios, por supuesto apoyo partidista a favor de Juan Manuel Colín García, militante blanquiazul y suplente del diputado federal Mario Riestra Piña.
En 2019 también se reportó el robo de urnas y quema de votos durante la jornada plebiscitaria, pero en esa ocasión, la Secretaría de Gobernación municipal se negó a cancelar la elección y ratificó los resultados.
Además, en los comicios de ese año las irregularidades de San Baltazar Campeche se conectaron con los registrados en la junta de Ignacio Zaragoza, pues la paquetería electoral de esta demarcación apareció en el otro centro de votación.
Aunado al fallo en la logística del Ayuntamiento, un grupo de inconformes con el proceso del plebiscito irrumpieron en la escuela Tirso Sánchez, donde se llevaba a cabo la votación, robaron urnas y las quemaron afuera del plantel.
Asimismo, la elección de este año en la junta auxiliar de La Libertad se anuló una semana después debido a que la Comisión Plebiscitaria detectó la compra de votos cerca de las casillas a favor del candidato Juan Carlos Rodríguez Victoria, hermano del entonces edil auxiliar José Alfredo Rodríguez Victoria, simpatizante de Morena.
Sin embargo, en 2014 ya se habían registrado irregularidades en esta junta auxiliar, ya que colonos denunciaron que pobladores del estado de Oaxaca amedrentaron a los habitantes para obligarlos a votar por Enrique Guerrero de la planilla “Acción Ciudadana”.
El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Eduardo Alcántara Montiel, señaló a los opositores de su propuesta para suprimir las juntas auxiliares de defender intereses políticos y electorales.
El diputado local del PAN señaló que hasta el momento ningún legislador o partido político ha presentado argumentos sólidos para defender la permanencia de las juntas auxiliares que se encuentran sobrepobladas.
“En algunos sondeos veo a la mayoría de los ciudadanos a favor de la desaparición de las juntas auxiliares, pero veo a los políticos preocupados por sostener las juntas auxiliares como si realmente esto fuera sostener una clientela política electoral que sirve para las elecciones”, acusó Alcántara Montiel.
El diputado local comentó que para informar a los ciudadanos y conocer la opinión de los habitantes de las juntas auxiliares, iniciará a recorrer estas demarcaciones para presentar su propuesta en parques y jardines, y alimentar su planteamiento en el Congreso del estado.
El legislador panista expuso que estas juntas auxiliares han sido utilizadas por los partidos políticos para mantener pequeños grupos de poder, a pesar de que la Ley Orgánica Municipal impide su intervención en las elecciones de juntas auxiliares.
Alcántara Montiel reiteró que la propuesta no atenta con los usos y costumbres de los pueblos originarios indígenas, pues sólo se propone eliminar la figura administrativa que no cuenta con apoyo y representación de los ciudadanos, pues en las pasadas elecciones auxiliares no llegaron ni al 20 por ciento de participación.
Expresó que este planteamiento no se puede generalizar a todos los municipios del estado, debido a que no guardan las mismas condiciones demográficas en regiones como la Mixteca Poblana, la Sierra Norte o la Sierra Negra.
El coordinador de diputados locales del PAN añadió que en próximos días se reunirá con regidores del cabildo de Puebla para explicarles la propuesta sobre la viabilidad de suprimir estas juntas.
Por su parte, Roxana Luna Porquillo, presidenta del Consejo Nacional del PRD, se manifestó en contra de la propuesta de supresión de juntas auxiliares, al señalar que esto podría ocasionar un conflicto social similar al que se registró en la junta auxiliar de San Fernandino Chalchihuapan, en el municipio de Ocoyucan, en 2014.
