El caso del extitular de la Secretaría de Movilidad y Transporte Guillermo Aréchiga Santamaría tiene muchas fondo del que se piensa. Al grave problema de corrupción que hallaron en la entrega de concesiones irregularidades, la extorsión a concesionarios y unidades pirata, así como el megafraude en la operación de las cámaras de seguridad en el transporte público, ahora hay que sumar es de la deslealtad política. Resulta que el exlíder de la Sección 51 del SNTE decidió jugarle al tipitoche e intentó engañar a su jefe, el gobernador de Puebla al pretender llevar su propia agenda política con miras a 2024. Aréchiga fue uno de los principales operadores de la campaña de 2018 y 2019 de Morena y conoce a la perfección a los grupos y colaboradores dispersos en la entidad. En esos años, estuvo en estrecho contacto con Ignacio Mier Velazco, quien fue uno de los voceros de la campaña de Miguel Barbosa Huerta. Con el tiempo se supo que el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro siempre tuvo contacto con Enrique Doger Guerrero, fallido candidato a la gubernatura en 2018 y que, a su vez, fungía como ariete a favor de Martha Erika Alonso Hidalgo (QEPD) y hasta existe la sospecha de que pudo existir fuga de información por esa vía. El 2021 representó un tiempo para que Barbosa Huerta diera muestra de su oficio político y brillantez estratégica, pues demostró que, pese a las intrigas, la insidia y la suma de todos sus adversarios, agrupados en el bloque antibarbosista, fue el gran ganador de la contienda electoral. Pese a esa realidad, Aréchiga Santamaría decidió apoyar el proyecto de Ignacio Mier rumbo a 2024 e incluso comenzó a operar con las estructuras que apoyaron al hoy mandatario para comenzar con la fuga por goteo. El exfuncionario fue sorprendido y vino el manotazo sobre la mesa. ¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir que es una buena idea ser funcionario y apoyar a los opositores al régimen? Como se ve, el exlíder sindical no entendió nada de la defenestración del exsecretario de Gobernación estatal David Méndez Márquez, quien precisamente recurrió a la misma traición. Lo que es peor: no hay gobierno ni gobernante que permita tener en su propia casa a un corrupto y traidor.
Aprovechar la oportunidad
Con los movimientos (positivos y negativos) que traerá al mundo de la aviación en México el Nuevo Aeropuerto “Felipe Ángeles”, Puebla tiene una oportunidad de oro para la consolidación del Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” como un sitio de destino y carga para el sureste mexicano y su vinculación con otras conexiones a Estados Unidos y Latinoamérica. Resulta que los estudios más pesimistas revelan que el inmueble construido en la 4T no tendrá la capacidad para convertirse en una alternativa al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, por lo que la carga que existe en esa central tendrá que ser repartida regionalmente. Es ahí, donde aparece la entidad poblana. La cercanía con la Ciudad de México, vías de comunicación efectivas y una inversión que apuntale su crecimiento serían las ventajas para que sea uno de los destinos obligados. A eso se suma, la ubicación estratégica de Puebla en la geografía del país. Somos la puerta de entrada a la zona centro y al sureste, lo mismo que ser punto de conexión con el Caribe y el Pacífico. Todas estas ventajas, sumado a las carencias que tendrá el “Felipe Ángeles” permiten vislumbrar un escenario ideal para, de una vez por todas, dar el salto que tanto se ha deseado para el aeropuerto poblano.
Claudistas impresentables
De verdad se necesita ser un cara dura para que el mismo día que es exhibida la presunta corrupción cometida en el primer año de gobierno de Claudia Rivera Vivanco, uno de sus principales alfiles, el diputado local de Morena Iván Herrera Villagómez demande al Ayuntamiento de Puebla una explicación por un contrato de mantenimiento de las cámaras de seguridad en la capital poblana que se supone se asignó a una empresa fantasma. La exigencia del legislador es que se transparente todo el expediente que llevó a la Comuna a entregar 22.5 millones de pesos a una compañía, pero el resultado de la investigación de la Auditoría Superior del Estado al primer año de la exalcaldesa arrojó un daño patrimonial por 70 millones de pesos y observaciones por más de 700 millones. No se trata de defender a Eduardo Rivera Pérez que ha demostrado su incapacidad para sacar adelante a la ciudad sino de señalar la poca calidad moral que los claudistas para denunciar supuestos actos de corrupción. Acaso no saben que los ciudadanos tenemos muy claro ese viejo dicho que reza: “Tan malo el pinto como el colorado”.
