Van siete meses desde que entró en funciones el nuevo Poder Judicial de la Federación y, por consiguiente, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que desde un inicio se advirtió como un riesgo, hoy ya no es una hipótesis ni una postura crítica aislada, Hipócrita Lector, sino una realidad que se vive todos los días en el foro: la Corte funciona peor, más lenta, más cargada y con un desempeño que comienza a generar preocupación seria en la impartición de justicia.

Lo más interesante —y a la vez revelador— es que la crítica ya no proviene únicamente desde fuera del sistema. La propia ministra Yasmín Esquivel ha reconocido la necesidad de realizar ajustes a la reforma judicial para que ésta pueda cumplir con los objetivos que le dieron origen. Dicho en términos claros, el diseño institucional que se impulsó no está funcionando como se prometió, y el tiempo, que siempre termina exhibiendo los errores estructurales, ha comenzado a hacer su trabajo.

Uno de los problemas más evidentes fue la desaparición de las Salas de la Suprema Corte. Durante años, la Primera y la Segunda Sala permitieron una distribución especializada del trabajo jurisdiccional, lo cual no respondía a un capricho administrativo ni a una inercia burocrática, sino a una lógica de funcionamiento que hacía viable la justicia en términos reales. La especialización permitía profundidad en los análisis, celeridad en las resoluciones y una división racional de la carga de trabajo.

Sin embargo, bajo la narrativa de la austeridad y la supuesta eficiencia, se decidió concentrar toda la función en el Pleno. La idea sonaba bien en el discurso, pero en la práctica ha demostrado su fracaso. Bajar el precio, bajó la calidad; Hoy el Pleno absorbe toda la carga de trabajo, los tiempos se han extendido, el rezago se ha incrementado y, lo más preocupante, el nivel de profundidad en el análisis de los asuntos comienza a resentirse. Porque cuando todo se concentra en un solo órgano, no sólo se acumulan expedientes, se pierde especialización y con ello calidad.

Desde una perspectiva constitucional, esto impacta directamente el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución. La justicia pronta, completa e imparcial no es una aspiración retórica, es una obligación del Estado, y la especialización judicial es uno de los mecanismos que permiten cumplir con ese mandato. Suprimirla no fue un acto de simplificación, fue un grave error de diseño.

Por ello, resulta evidente que el regreso de las Salas no es una concesión política ni una nostalgia institucional, sino una medida necesaria para restablecer el equilibrio operativo de la Corte y garantizar que los asuntos puedan ser atendidos con la seriedad y oportunidad que requieren.

El segundo gran problema se encuentra en la forma en que se integró el nuevo Poder Judicial. Las convocatorias emitidas por los tres Poderes de la Unión evidenciaron una disparidad preocupante en los criterios de selección. Mientras el Poder Judicial privilegió la experiencia, el conocimiento técnico y la trayectoria profesional, los otros poderes optaron por criterios mucho más flexibles, lo que permitió la participación de perfiles que, en muchos casos, no contaban con las condiciones mínimas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

Las consecuencias comenzaron a hacerse visibles de inmediato. No en todos los casos, desde luego, pero sí en un número relevante, se ha evidenciado una falta de oficio judicial que impacta directamente en la calidad de las resoluciones. Argumentaciones débiles, desconocimiento de principios básicos del derecho procesal y errores que antes difícilmente se observaban en ese nivel. Esto no es una descalificación generalizada, pero sí una señal de alerta que no puede ignorarse.

La justicia no se improvisa. No se aprende en el cargo ni se corrige mediante ensayo y error. Cada resolución implica la definición de derechos, libertades y patrimonios, por lo que la idoneidad técnica no es un atributo deseable, es una condición indispensable.

En este punto, la reforma judicial requiere algo más que ajustes formales en futuras convocatorias. Es necesario establecer mecanismos reales de evaluación técnica para quienes ya ejercen funciones jurisdiccionales, no como un trámite administrativo ni como una simulación, sino como un proceso serio vinculado a la calidad de las sentencias, al rigor argumentativo y al cumplimiento de estándares constitucionales. Si la elección fue el mecanismo de acceso, la evaluación debe ser el mecanismo de permanencia.

Asimismo, es indispensable replantear el modelo bajo el cual se concibió la reforma. La legitimidad democrática no puede sustituir al mérito técnico, pero tampoco puede ignorarse la necesidad de construir un Poder Judicial cercano a la sociedad. El equilibrio no está en los extremos, sino en la combinación inteligente de ambos elementos, algo que claramente no se logró en el diseño actual.

A lo anterior se suma una percepción cada vez más extendida sobre la falta de independencia en algunas decisiones judiciales. Cuando las resoluciones comienzan a alinearse de manera sistemática con intereses políticos, la confianza en el sistema de justicia se erosiona de manera inmediata. La independencia judicial no es una consigna, es el pilar sobre el cual descansa el Estado de derecho.

El impacto de esta situación ya comienza a trascender el ámbito jurídico. La incertidumbre en la impartición de justicia genera desconfianza, y la desconfianza, en un país, se traduce en consecuencias económicas y sociales concretas. La inversión se retrae, el riesgo se incrementa y la percepción de estabilidad se debilita.

En este escenario, la responsabilidad política resulta ineludible. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene frente a sí la oportunidad de corregir los errores evidentes del diseño institucional sin necesidad de desmontar completamente la reforma. No se trata de una disputa ideológica, sino de una exigencia técnica y constitucional.

Regresar las Salas, unificar los criterios de selección y establecer mecanismos reales de evaluación judicial no son propuestas extraordinarias, son medidas mínimas para recuperar la funcionalidad del sistema. Porque lo que está en juego no es una reforma ni un proyecto político, sino la capacidad del Estado para impartir justicia de manera efectiva.

Y cuando la justicia se debilita, el Estado comienza a perder su capacidad de sostener el orden jurídico. Esa es la verdadera dimensión del problema. Y eso, Hipócrita Lector, nunca termina bien.