La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Senado de la República una iniciativa de Ley General contra el feminicidio en México, con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y reparar este delito, así como combatir la impunidad.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la mandataria subrayó que la propuesta busca erradicar la violencia feminicida en México y garantizar que ninguna muerte violenta de mujeres sea mal clasificada.
“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera por el solo hecho de ser mujer”, afirmó Claudia Sheinbaum durante su conferencia.
La iniciativa contempla que el Ministerio Público investigue desde el inicio cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio, además de implementar un esquema de investigación continua y mecanismos de prevención.
Entre los puntos clave, se establece una pena de 40 a 70 años de prisión por feminicidio, así como la inclusión de nueve razones de género y 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor o pertenezca a grupos vulnerables.
La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que para concretar esta ley se requiere reformar el artículo 73 constitucional, lo que permitirá homologar el tipo penal de feminicidio en México en todas las entidades.
Además, se busca que la investigación del delito sea obligatoria con perspectiva de género, que no prescriba y que incluya sanciones adicionales como la pérdida de derechos legales del agresor.
Por su parte, la subsecretaria Ingrid Gómez Saracibar destacó que la ley garantizará derechos para las víctimas y sus familias, como acceso a la justicia, atención médica, apoyo psicológico y asistencia jurídica gratuita.
También se contempla la creación de un registro nacional de feminicidios, así como programas de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por este delito.
Con esta propuesta, el Gobierno de México busca fortalecer las políticas públicas contra la violencia de género y consolidar un marco legal que permita combatir uno de los delitos más graves en el país.
