Provengo orgullosamente de una familia petrolera. Mi padre y dos de mis hermanos hicieron carrera en Petróleos Mexicanos, y crecimos con la convicción de que PEMEX era uno de los grandes pilares del desarrollo nacional. Durante décadas, el petróleo representó no sólo una fuente estratégica de energía, sino también un motor económico que permitió financiar proyectos públicos y sostener buena parte del gasto del Estado, sin embargo, con el paso del tiempo, esa narrativa comenzó a erosionarse.
Durante años se ha sabido que los ingresos petroleros han sido fundamentales para la hacienda pública. Pero también ha sido evidente que la administración de esos recursos ha estado marcada por prácticas opacas, redes de poder y esquemas de corrupción que han debilitado a la empresa productiva del Estado.
Con la llegada del Movimiento de Regeneración Nacional al poder, se prometió una transformación profunda: erradicar la corrupción, terminar con el influyentismo y desmontar las estructuras que históricamente habían capturado a PEMEX. La expectativa era clara: una empresa más eficiente, más transparente y verdaderamente al servicio del país, no obstante, los resultados distan de esa promesa.
Más que una ruptura con el pasado, lo que se percibe es una reconfiguración de las redes de poder al interior de la empresa. No desaparecieron las prácticas cuestionables; en muchos casos, simplemente cambiaron de actores. La lógica de asignación discrecional, la cercanía política como criterio de contratación y la opacidad en el manejo de recursos siguen siendo elementos presentes en la operación cotidiana de la paraestatal.
En días recientes, un hecho captó la atención pública: la difusión de un evento privado de altísimo costo vinculado a un contratista relacionado con PEMEX. Más allá del caso específico, lo relevante es lo que simboliza: la enorme distancia entre el flujo de recursos que se maneja en ciertos círculos vinculados a la empresa y la realidad económica de millones de mexicanos, para muchos resulta cómico, para otros sorprendente, pero en realidad es una tragedia.
Durante la administración anterior de PEMEX, encabezada por Octavio Romero Oropeza, se consolidó una estructura de relaciones entre funcionarios, contratistas y operadores externos que permitió la generación de negocios altamente rentables para ciertos grupos. El problema no es la existencia de contratistas —que son necesarios en cualquier industria—, sino la forma en que se asignan los contratos, la falta de controles efectivos y la ausencia de transparencia en los procesos.
Diversos reportes han señalado que, entre 2019 y 2024, una proporción significativa de los contratos se otorgaron mediante adjudicación directa. Este mecanismo, aunque legal en ciertos supuestos, debe ser excepcional; si no de nada sirve la ley de adquisiciones, el problema es que ahora la mayoría de los contratos se asignan de esa forma, lo convirtieron en regla, y abrieron de par en par las puertas de la discrecionalidad, favoritismos y posibles actos de corrupción.
A ello se suma el caso de la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del sexenio pasado. Su costo final superó ampliamente las estimaciones iniciales, y distintos análisis han señalado posibles irregularidades en su ejecución, incluyendo sobrecostos, subcontrataciones cuestionables y falta de claridad en algunos procesos contractuales.
Cuando una empresa como PEMEX opera bajo esquemas opacos, se generan efectos en cadena: se encarecen los costos de operación, se reduce la capacidad de inversión, aumenta la deuda y se deteriora la confianza de inversionistas y mercados. Todo esto impacta directamente en la viabilidad de la empresa y, por extensión, en las finanzas públicas del país.
Además, las regiones petroleras —como Tabasco y Campeche— siguen mostrando contrastes profundos: megaproyectos millonarios conviven con comunidades que no han visto reflejado ese desarrollo en su calidad de vida. Esta desconexión entre inversión y bienestar social evidencia que el problema no es la falta de recursos, sino su destino y administración.
En este contexto, la responsabilidad del gobierno federal es ineludible, es cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió la empresa con problemas estructurales, pero también con inercias que no pueden perpetuarse. Más allá de discursos o diagnósticos, el reto consiste en romper, de manera real y verificable, con las prácticas que han debilitado a PEMEX durante décadas.
Eso implica fortalecer los mecanismos de control, transparentar los procesos de contratación, limitar el uso de adjudicaciones directas y establecer responsabilidades claras para quienes incurran en irregularidades. Implica, también, enviar un mensaje inequívoco: el uso de recursos públicos no puede seguir estando sujeto a redes de complicidad, PEMEX no puede, ni debe seguir siendo rehén de intereses particulares.
Si la empresa realmente aspira a recuperar su papel como baluarte del desarrollo nacional, debe reconstruir su credibilidad. Y esa credibilidad no se construye con narrativa política, sino con resultados verificables: cuentas claras, procesos transparentes y una gestión orientada al interés público.
Porque al final del día, PEMEX no es de un gobierno, ni de un grupo político, ni de una generación de funcionarios. Es de la nación y para muchos de nosotros, aún es un orgullo.
