La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a una súper elección 2027, en la que podrían coincidir las elecciones de diputados federales, 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, con la elección de cargos judiciales y la consulta de revocación de mandato. Al presentar esta mañana su plan B de reforma electoral, Sheinbaum confirmó que no cambiará la fecha de la elección judicial 2027, y que propondrá reformas para que su revocatorio pueda ocurrir en junio de 2027 o junio de 2028, dependiendo cuando lo solicite la ciudadanía.

La presidenta decidió modificar su estrategia. Esta vez, su plan B de reforma electoral será enviado al Senado de la República y no a la Cámara de Diputados, donde la semana pasada naufragó su primera iniciativa. La reforma busca ahorros en el gasto político a nivel local y, en voz de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “va por menos privilegios y más participación”.

En el caso de los municipios, se reducirán las regidurías para que puedan tener de 7 a máximo 15, y una sindicatura por ayuntamiento. Los congresos locales no podrán tener un gasto superior al 0,7% del presupuesto de egresos de cada entidad. Y esos ahorros se destinarán a obras y servicios en estados y municipios.

La iniciativa busca también topar los sueldos de funcionarios electorales del Instituto Nacional Electoral, Tribunales Electorales y Organismos Públicos Locales Electorales, para que no puedan ganar más que la presidenta de México. Además, se eliminarán los bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales de los funcionarios electorales. En el Senado, se propondrá una reducción del gasto electoral hasta llegar a un presupuesto 15% menor al que ejerce actualmente.

La iniciativa contempla modificar el artículo 35 constitucional para que la Revocación de Mandato pueda celebrarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, dependiendo cuándo lo promueva la ciudadanía. Esto abre la puerta para que el revocatorio de Sheinbaum coincida con las elecciones 2027, en caso de que en noviembre próximo sea promovido por el 3% de la población registrada en el padrón electoral.

En cuanto a la elección judicial, el plan b no contempla modificar la fecha del proceso previsto para 2027, cuando deberán elegirse la mitad de los jueces y magistrados no electos en 2025. La presidenta había abierto esa puerta en declaraciones públicas, y el Instituto Nacional Electoral había recomendado modificar la fecha de la elección para evitar los problemas logísticos derivados de la instalación del doble de casillas; sin embargo, Sheinbaum ha dicho esta mañana que tomó la decisión de que se quede en 2027 para no generar otro gasto adicional. “En algún momento lo pensamos, pero es igual, es otra vez un monto muy importante de destino de recursos públicos para el 28. Y son todavía varios magistrados y jueces que tienen que cambiar del periodo anterior. Entonces, pues es mejor ya si vas a votar, pues que de una vez votes por todo”, ha precisado.

El exministro Arturo Zaldívar, actual coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, ha explicado que se buscará simplificar la elección judicial con boletas electorales más sencillas que las que se usaron en 2025. Esto se hará limitando el número de candidaturas que pueden postular los comités de los tres Poderes de la Unión para cada cargo, a solo un hombre y una mujer. “Esto haría mucho más sencilla la votación, más ágil y menos compleja. Recuerden que la vez pasada las boletas eran con demasiados nombres y esto hacía difícil. Creemos que de esta manera la ciudadanía va a poder elegir con mayor claridad y facilidad a sus candidatos y candidatas”, ha explicado Zaldívar.

El plan B de reforma electoral presentado esta mañana ya no contiene un tema que había mencionado Sheinbaum la semana pasada, y que fue rechazado por los aliados de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo: la posibilidad de eliminar los temas electorales como uno de los asuntos que pueden someterse a consulta popular. La presidenta había dicho que con ese cambio buscaría llevar a consulta la reducción del financiamiento público a partidos, pero Verde y PT rechazaron ese punto en las negociaciones del fin de semana pasado.

Más fiscalización y cómputos el mismo día de la jornada electoral

La iniciativa, ha explicado Rosa Icela Rodríguez, también incluye reformas a leyes secundarias, para limitar los sueldos de dirigentes de partidos políticos y obligar a los partidos a reportar sus operaciones financieras en tiempo real. Se buscará reforzar la fiscalización de recursos públicos, mediante uso de tecnologías y convenios entre las autoridades electorales y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Vía una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la reforma buscará que los cómputos distritales de las elecciones federales y locales comiencen la noche de la jornada electoral, en cuanto llegue el primer paquete a un consejo distrital. Actualmente, los cómputos inician el miércoles posterior a la elección, lo que obliga a las autoridades a habilitar un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del que ahora se podría prescindir.

La presidenta ha vuelto a defender esta mañana su idea original de reforma electoral, que buscaba una reducción del 25% en las prerrogativas de partidos políticos, la eliminación de senadurías plurinominales y una nueva forma de asignar las diputaciones federales; una reforma que no fue aceptada por el Verde y el PT y que la obligó a emprender nuevas negociaciones para conciliar el plan b que enviará esta tarde al Senado. “No se debe destinar tantos recursos a los partidos. Esto no pasó. Solo votó Morena, algunos diputados del Verde y algunos del PT, pero no se consiguió la mayoría para cambiar la Constitución. Nosotros seguimos insistiendo en disminuir privilegios”, ha dicho.