“¿Por qué tus auditorías siempre me traen problemas?”, le reclamó David Colmenares a Agustín Caso, uno de los contralores de mayor rango dentro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Caso estaba a cargo de las auditorías de desempeño, unas de las más importantes en la institución, pues escudriñan a fondo las políticas públicas, los megaproyectos de infraestructura y los programas sociales. Se trataba de informes muy incómodos, y a Colmenares, titular de la ASF, no le gustaba incomodar al Gobierno. Cuando Caso presentó la explosiva auditoría que revelaba el costo real de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, montó en cólera, porque, según sus propios datos, había costado mucho menos. Colmenares, lejos de defender el trabajo de la ASF, contradijo a su auditor, lo separó del cargo y lanzó una rectificación que, esta vez, sí gustó en Palacio Nacional.

Ese era el cariz de la gestión de David Colmenares en la ASF, que ha concluido este fin de semana, tras ocho años al frente de la institución obligada a revisar con franqueza cómo se gasta cada peso del erario público. El funcionario intentó reelegirse para un nuevo periodo y contaba con el apoyo de algunos pesos pesados del oficialismo y la oposición. Pero la presidenta, Claudia Sheinbaum, pidió al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de sus operadores políticos de confianza, trabajar en un acuerdo entre las bancadas del Congreso para, por un lado, frenar la reelección de Colmenares y, por el otro, lograr la designación del economista Aureliano Hernández Palacios, de acuerdo con fuentes legislativas. El nuevo auditor, aunque tiene una trayectoria corta en la administración pública, es hijo de un antiguo colaborador de Sheinbaum, Fernando Aureliano Hernández Palacios.

El nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación obtuvo el voto incluso de quienes apoyaban las aspiraciones de Colmenares, a quien dejaron caer. La decisión de la presidenta de bloquear al auditor saliente era un paso necesario en su proyecto de combate a la corrupción, que en México ha evolucionado hacia sofisticadas redes criminales que involucran a políticos, funcionarios, empresarios y narcotraficantes. Se trata de una de las mayores preocupaciones del Gobierno de Claudia Sheinbaum, junto con el fenómeno de la violencia y el reto del crecimiento económico. Encuestas recientes señalan que la ciudadanía evalúa mal a esta Administración precisamente en materia de combate a la corrupción, aunque ha habido algunos golpes del Gobierno para enfrentar ese flagelo, como el desmantelamiento de una red de marinos implicados en el huachicol fiscal o la captura de un alcalde morenista vinculado al crimen organizado.

Gran parte del éxito de la cruzada anticorrupción pasa por controlar las instituciones encargadas del combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco. Sheinbaum ya sacó a Alejandro Gertz de la Fiscalía General de la República (FGR) a fines del año pasado y ahora a David Colmenares de la Auditoría Superior de la Federación. Ambos funcionarios, por cierto, le fueron heredados por López Obrador y su remoción se ha interpretado como un afianzamiento del proyecto político de Sheinbaum, así como un distanciamiento o reajuste respecto al de su antecesor. Ahora, tanto en la FGR como en la ASF, la presidenta tiene a funcionarios de su confianza.

Colmenares arrastra críticas por supuestamente haber manejado la ASF a contentillo de las dependencias que debía auditar, de maquillar informes, propiciar el intercambio de favores y eliminar los contrapesos internos para controlar de manera personal la institución. Las cifras de denuncias por actos de corrupción presentadas desde la ASF durante su gestión se desplomaron a mínimos históricos, lo mismo que las recuperaciones de recursos públicos. Este periódico intentó hablar con el ya exauditor a través del área de comunicación social de la ASF, pero no se atendió la petición. El antecesor de Colmenares, Juan Manuel Portal, promovió 878 denuncias durante su periodo de ocho años, según cifras oficiales, mientras que el auditor saliente presentó 275, apenas un tercio respecto del periodo anterior. “[Colmenares] sometió a una degradación a la institución. Necesitábamos a otra persona que desmontara toda la red de extorsión y complicidades, de coyotaje”, explicó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar en entrevista.

Exfuncionarios de la Auditoría Superior de la Federación, que hablaron bajo condición de anonimato, refieren algunas de las presuntas malas prácticas atribuidas a Colmenares. Por ejemplo, que reformó el reglamento interno y eliminó el Consejo de Dirección, donde se tomaban decisiones colegiadas; o que restó a los auditores facultades para presentar denuncias por corrupción y las concentró en un área creada y controlada por él, la Auditoría Especial de Seguimiento; que desapareció la Auditoría Interna, la contraloría que vigila a la propia ASF; o que decidía unilateralmente qué auditorías se llevarían a cabo, dejando al final las más polémicas. También hay señalamientos más graves, como que colocó dentro de la ASF a personajes cercanos a aliados políticos en Morena, el PVEM y el PRI, en un presunto intercambio de favores.

Los exfuncionarios consultados aportan ejemplos de cómo Colmenares presuntamente politizó la Auditoría Superior. Como cuando pidió a sus inspectores elaborar un informe que —contra toda norma— incluyera la recomendación de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), en sintonía con la campaña impulsada por el Ejecutivo de López Obrador. O cuando la ASF despublicó y reprogramó una auditoría sobre deserción escolar tras el reclamo de un funcionario de la Secretaría de Educación. “Ese fue un botón de muestra del temor que le tenía el auditor superior a los secretarios de Estado. No quería incomodar”, comentó una de las fuentes.

Desde la FGR y desde Campeche también relatan que Colmenares presuntamente facilitó al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, información interna para atacar al fiscal de Campeche, Renato Sales, a quien Alito Moreno acusaba de filtrar documentos sobre su enorme fortuna y audios incriminatorios. Dado que los supuestos malos manejos en la ASF eran estructurales durante la era de Colmenares, la corrupción se extendía a diversas áreas. Proceso dio a conocer una denuncia interna sobre un presunto tráfico de informes a modo para favorecer a gobernadores desde la Auditoría Especial de Gasto Generalizado, bajo el mando de Emilio Barriga. Esa denuncia involucra también a Aureliano Hernández, el nuevo auditor superior, que inició su carrera en la ASF como subordinado en esa área y luego asumió su titularidad tras la salida de Barriga el año pasado.

Dicha denuncia, presentada a principios de este año, era del conocimiento de Morena, que no le dio demasiada importancia. “Logramos unificar a todos los grupos parlamentarios, pero no se le ha dado un cheque en blanco al nuevo auditor”, aseguró el diputado Ramírez Cuéllar. “Él no tiene ningún compromiso con ningún Gobierno estatal ni con grupos de legisladores. Se le dio toda la fuerza de la Cámara de Diputados (472 votos) para que profundice las auditorías y desmonte las redes de extorsión”, agregó.

Con el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ramírez Cuéllar también impulsa una reforma a la Auditoría Superior de la Federación que elimina la reelección del auditor superior, restablece controles colegiados, abre la puerta a la participación ciudadana y fortalece las denuncias por corrupción. “El nuevo auditor va a estar muy vigilado. Representa una esperanza”, concluyó el legislador de Morena.