El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que establece un límite a las pensiones doradas de los exfuncionarios públicos, una medida que busca eliminar los excesos en los beneficios otorgados a jubilados del sector público. Según la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, la reforma no solo tiene un impacto social importante, sino que también genera un ahorro significativo al erario público.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Castillo explicó que la medida responde a los casos en los que exfuncionarios de instituciones como Pemex, CFE, Banco de México y Luz y Fuerza del Centro recibían pensiones que superaban el millón de pesos mensuales. En algunos casos, se trataba de personas que solo habían trabajado breves períodos en esas instituciones.

“Es indignante que haya personas que ganen un millón de pesos mensuales debido a esta pensión, porque son personas que ya se jubilaron”, comentó la senadora, destacando la falta de proporcionalidad en estos pagos frente a los ingresos de la mayoría de los mexicanos.

La reforma, que establece un límite de 70 mil pesos mensuales —equivalente al 50% del salario del presidente de la República—, busca asegurar que las pensiones no sean un lastre para las finanzas públicas. Castillo destacó que esta medida no solo atiende a una necesidad de justicia fiscal, sino que también permitirá un ahorro significativo para el gobierno federal, estimado en 5 mil millones de pesos al año. Estos fondos podrían redirigirse a programas sociales y a otras necesidades públicas que actualmente están siendo desatendidas.

“No tengo la cifra exacta, pero lo que se considera es que va a haber un ahorro de 5 mil millones de pesos anualmente”, afirmó Castillo, quien explicó que estos recursos podrían destinarse a proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

La senadora también subrayó que esta reforma es parte de un esfuerzo por acabar con los modelos neoliberales que permitieron estos excesos, los cuales, según su opinión, se consolidaron a lo largo de las últimas décadas. “Se daban de manera discrecional y con la autorización de las autoridades que estaban en su momento en cada una de las instituciones”, comentó.

La reforma establece que, a partir de ahora, ninguna pensión de exservidores públicos podrá superar el salario del presidente en turno, lo que representa una reducción considerable para muchos beneficiarios de estos esquemas de pensión. Castillo anticipó que esta reforma podría afectar a varios jubilados de altos rangos, aunque los detalles sobre el número exacto de beneficiarios aún no han sido revelados.

En cuanto al posible impacto legal, la senadora indicó que algunos exfuncionarios podrían intentar impugnar la reforma, aunque destacó que la reforma fue incorporada a la Constitución y, por lo tanto, no es susceptible de impugnación. “Lo que se reformó fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 127, y por tanto, esto no se puede impugnar”, subrayó.

En caso de que algún afectado decida recurrir a los tribunales, la disputa podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque Castillo considera que las probabilidades de que los recursos sean desestimados son altas.