Publicado originalmente por Carlos Pérez Ricart en Reforma. Compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:

Durante dos décadas —y con razón— la conversación pública sobre la violencia en México ha estado dominada por el pesimismo.

La imagen se volvió familiar: una curva eternamente inclinada hacia arriba. Los homicidios crecían, se estabilizaban por momentos y, tarde o temprano, volvían a subir.
Esa inercia persiste. Quizá por eso cuesta tanto reconocer lo que ha ocurrido en México en materia de seguridad durante el último año y medio.

Los datos presentados esta semana por el gobierno federal muestran una reducción significativa en el homicidio doloso. El promedio diario pasó de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 48.8 en febrero de 2026. Dicho de otra forma: hoy se registran 38 asesinatos menos cada día que hace apenas año y medio. La caída ronda el 44 por ciento. Febrero de 2026 fue el febrero con menos homicidios desde 2015.

La magnitud de estas cifras merece una pausa. Treinta y ocho homicidios menos al día equivalen, en términos anuales, a más de trece mil vidas.

El cambio merece algo más que un comentario periodístico. Merece análisis, buenas preguntas y una conversación pública más madura.

En la práctica, sin embargo, ha ocurrido más bien lo contrario. Una parte significativa del debate público ha reaccionado buscando de inmediato la trampa estadística.

El primer frente de la discusión ha girado en torno al papel de las fiscalías. Se dice, no sin buenos argumentos, que enfrentan incentivos políticos para reportar menos delitos o clasificarlos de manera favorable. Ese problema existe y acompaña al sistema estadístico mexicano desde hace décadas.

Dicho eso, algunas preguntas simples: ¿hay algo en el último año y medio que sugiera un cambio en la forma de registrar los homicidios? No. ¿Han identificado los especialistas nuevas trampas o manipulaciones estadísticas? Tampoco. Más allá de casos puntuales, ¿existe evidencia de una distorsión sistemática capaz de explicar la caída reciente? Tampoco.

Más bien lo contrario. En enero, el Secretariado Ejecutivo presentó un nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva que vuelve más transparente y detallada la información sobre delitos y refuerza la supervisión sobre los datos reportados por las fiscalías. Las distorsiones no desaparecen, pero tampoco hay evidencia de un desplazamiento estadístico capaz de explicar la caída reciente.

Un segundo argumento apunta en otra dirección: la idea de que la reducción de homicidios estaría siendo compensada por un aumento en el número de personas desaparecidas. La hipótesis enfrenta varios problemas. Las dos categorías no son intercambiables: el homicidio es una figura penal registrada por las fiscalías a partir de evidencia forense y respaldada también por registros de instituciones de salud, mientras que los reportes de desapariciones son registros administrativos mucho más amplios alimentados por denuncias familiares ante comisiones de búsqueda. Los registros operan con lógicas distintas y no permiten un traslado masivo de casos entre categorías. Además, la escala no cuadra: para explicar la caída reciente necesitaríamos miles de desapariciones adicionales. No hay evidencia de algo parecido.

Ante la caída de la curva homicida, la pregunta relevante no es si el gobierno merece crédito político. La cuestión analítica es otra: qué mecanismos están produciendo este descenso. Dicho de otro modo: ¿En qué medida responde a decisiones deliberadas de política pública y en qué medida refleja transformaciones internas en el ecosistema criminal?

La experiencia comparada sugiere que los descensos en la violencia rara vez tienen una sola causa. Suelen ser el resultado de interacciones complejas entre acción estatal, cambios en los incentivos criminales y transformaciones en los mercados ilegales. Entender cómo se combinan esos factores —y en qué proporción— es una tarea analítica bastante más interesante que el ya predecible deporte nacional de buscar la supuesta trampa estadística.

Durante años el país se acostumbró a discutir la violencia cuando las cifras subían. Cuando bajan, en cambio, el debate público se vuelve escéptico. Pero entender cuándo y por qué disminuye la violencia es tan importante como explicar por qué aumenta. Esa conversación, sin embargo, exige algo que escasea. Sospechar siempre es más barato que pensar.