México violó los derechos humanos de 22 mujeres que pasaron años en prisión preventiva sin sentencia. Esta es la conclusión del reciente dictamen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas sobre el caso de mujeres encarceladas en el CEFERESO 16.

A pocos días de conmemorar el día internacional de la mujer y salir nuevamente a las calle para exigir justicia, el Estado mexicano fue severamente señalado por el organismo internacional encargado de la igualdad de género, de violentar los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.

Esto debería provocar una profunda reflexión nacional, pues no se trata de un llamado diplomático de rutina, es un diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema de justicia mexicano y, en particular, sobre la forma en que el Estado trata a las mujeres acusadas de delitos.

El problema no es sólo la duración de los procesos judiciales, sino el diseño mismo de la política penal. La prisión preventiva oficiosa obliga a encarcelar automáticamente a personas acusadas de ciertos delitos, sin que se evalúe si realmente existe riesgo de fuga o de obstaculización del proceso. En la práctica, esto convierte una medida cautelar en un castigo anticipado.

Pero la gravedad del dictamen va más allá. El comité también documentó un patrón de discriminación estructural contra las mujeres. Muchas de las internas que fueron trasladadas a este penal federal, están a cientos de kilómetros de distancia de sus comunidades, lo que dificulta o incluso hace imposible el contacto con sus familias e hijos. Además, el acceso a servicios médicos especializados ha sido insuficiente, pese a tratarse del único penal federal exclusivo para mujeres.

Por otra parte, sabemos que el problema no es únicamente jurídico, sino político. México ha firmado tratados internacionales que obligan al Estado a proteger los derechos humanos y eliminar la discriminación contra las mujeres. Sin embargo, cuando los organismos internacionales señalan fallas estructurales, la reacción del gobierno suele oscilar entre la indiferencia, la descalificación o los retrasos injustificados.

El ejemplo claro es como la SCJN, ha postergado la discusión sobre el cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez vs. México, en la que se determinó que la aplicación automática de la prisión preventiva es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

Además de la demora injustificada, el problema se agrava con la participación de la ministra María Estela Ríos, quien antes fuera consejera jurídica de la Presidencia y, en ese cargo, respaldó públicamente la postura del gobierno federal a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa.

Pero quizá la ministra Ríos tenga nuevas ideas nacidas In vitro, que no sean parte de la familia del pensamiento oficial y logre mantener la independencia judicial y el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos, aunque, sinceramente lo dudo.

El caso de las mujeres del CEFERESO 16 no es una abstracción jurídica. Son personas que perdieron años de su vida esperando una sentencia que nunca llegaba; madres separadas de sus hijos; mujeres atrapadas en un sistema judicial que castiga primero y pregunta después.

El dictamen de la CEDAW debería ser una oportunidad para replantear una política penal que ha demostrado ser injusta e ineficaz. Pero eso requiere algo que hasta ahora ha faltado, voluntad política para reconocer que el endurecimiento automático de las penas no es sinónimo de justicia.

Mientras esta discusión se siga evitando, las cárceles seguirán llenándose de personas sin sentencia, y la presunción de inocencia seguirá siendo, para muchas mujeres, un derecho que solo existe en el papel.