Durante la “Mañanera del Pueblo” se retomó el caso de la titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández, quien en el pasado presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el empresario Ricardo Salinas Pliego por publicaciones en redes sociales que consideró ofensivas y denigrantes.

La queja se originó por mensajes difundidos en la red social X en los que, de acuerdo con la denuncia, se hacían referencias a la apariencia física de la entonces dirigente de Morena. El INE admitió el caso al estimar que las expresiones podrían constituir violencia política en razón de género y ordenó, como medida cautelar, el retiro de las publicaciones.

Sin embargo, el empresario impugnó la determinación de la autoridad electoral, por lo que el contenido permaneció visible en la plataforma mientras el caso seguía su curso.

El episodio fue citado como ejemplo de las tensiones que existen entre la libertad de expresión en redes sociales y los límites establecidos por la legislación electoral para prevenir la violencia política de género.

Los ataques personales contra mujeres en la vida pública —particularmente cuando se centran en su apariencia— pueden contribuir a normalizar formas de violencia que afectan su participación en la esfera política.

El caso también ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales frente a contenidos considerados ofensivos o discriminatorios y sobre el alcance de las medidas que pueden dictar las autoridades electorales.