La tragedia que vivió Alondra N. al haber sido abusada sexualmente por dos policías municipales durante la gestión de Eduardo Rivera Pérez, exhibió una serie de negligencias en el gobierno panista para tratar temas de delitos de género en la ciudad, situación que le costará al Ayuntamiento de Puebla una multa de casi medio millón de pesos.
El 17 de marzo de 2023, Alondra N. presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), relatando un escalofriante caso de violación cometido por dos policías en la colonia Clavijero, Fernando Jesús N. y Jorge Antonio N. La víctima, relató que su calvario no se limitó a una simple extorsión de 25 mil pesos y violación, sino que también fue presa de violencia institucional al ser revictimizada por la corporación policial que dirige María del Consuelo Cruz Galindo.
Alondra informó a la CDH que, después de haber llamado al 911 el 16 de marzo, fue recibida por varias patrullas y una ambulancia. Sin embargo, su experiencia se tornó aún más traumática cuando, en lugar de recibir la asistencia inmediata que requería, se encontró con una actitud de escepticismo y hostilidad por parte de los policías.
“Me miraban raro, como si no me creyeran. Se notaba que estaban tratando de alterarme”, comentó Alondra al ser entrevistada luego del abuso que marcó su vida.
La situación empeoró cuando Alondra fue llevada a las oficinas de la seguridad pública en Rancho Colorado. Allí, los oficiales no solo la encerraron en una habitación, sino que también impidieron que sus familiares le llevaran comida, dejándola en un estado de vulnerabilidad aún mayor. Su situación se agravó con la falta de atención médica inmediata, a pesar de las evidencias claras de abuso sexual.
“Me llevaron a encerrar a un cuarto y ya. No dejaron que me pasara comida, y la que me dieron adentro dejaron que se enfriara a propósito”, narró Alondra.
En su entrevista psicológica, Alondra mostró signos evidentes de trauma, incluyendo ansiedad, vergüenza y miedo. La atención que recibió fue claramente insuficiente a pesar de que el Protocolo de Actuación en la Investigación de Delitos Sexuales y la Norma Oficial Mexicana (NOM-046-SSA2-2005) exigen que las víctimas de violencia sexual reciban atención médica y psicológica inmediata, algo que en este caso no se cumplió.
La CDH relató que el 17 de marzo, por la madrugada, la hermana de Alondra N. interpuso una queja, en la que expresó que a su consanguínea la habían hostigado en Rancho Colorado, donde se suponía debían ayudarla para facilitar la denuncia.
“Que es su deseo presentar queja en contra de los elementos de seguridad ciudadana de Rancho Colorado; debido a que elementos de la policía abusaron de mi hermana de nombre V1; ahorita se encuentra en la comandancia de rancho colorado y la están hostigando”, expuso la CDH.
En la revisión cronológica de los hechos, a pesar de la urgencia médica requerida por ser víctima de violencia sexual, los servidores públicos de la Comuna tenían la obligación de ofrecer anticoncepción de emergencia y quimioprofilaxis para prevenir infecciones de transmisión sexual, pero esta situación nunca ocurrió.
A pesar de que las normativas indican que en casos de violación sexual se debe actuar con diligencia reforzada, las autoridades no siguieron los procedimientos establecidos, pues en lugar de ofrecerle atención médica urgente, Alondra fue llevada a la Fiscalía donde, tras varias horas, le entregaron un oficio de canalización al Hospital de la Mujer.
DENUNCIA PÚBLICA
Al respecto, el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, denunció públicamente las fallas institucionales que permitieron este crimen y la impunidad que prevalece en el Ayuntamiento.
“Hubo fallas u omisiones institucionales hacia la víctima, pero no solamente eso, sino que también se merma la confianza pública, se presenta la idea y la visión de que en el Ayuntamiento hay impunidad contra las víctimas”, expuso.
Después de que el Ayuntamiento de Adán Domínguez Sánchez deberá cumplir con el pago de indemnización ordenado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Rodríguez Juárez declaró que esto deja en evidencia la falta de atención a las víctimas y la opacidad en el manejo de los casos con perspectiva de género en el Ayuntamiento.
“Este Ayuntamiento sigue siendo opaco, no nos proporcionan la información completa sobre las recomendaciones de Derechos Humanos. Hemos tenido que buscar la información nosotros mismos en la página de la Comisión, porque las autoridades municipales son incapaces de cumplir con su mandato de manera transparente”, agregó el regidor.
Rodríguez también señaló que, aunque votarán a favor del pago de la indemnización por respeto a la víctima, esto no absuelve al Ayuntamiento de su responsabilidad en la situación.
El regidor exigió que se sancione a los responsables directos del crimen y que la Contraloría actúe con firmeza contra los servidores públicos de la SSC que cometieron violencia institucional al revictimizar a Alondra N. tras haber sido abusada.
