En 2022, la administración de Eduardo Rivera Pérez en el Ayuntamiento de Puebla se vio inmersa en un escándalo que puso en tela de juicio, una vez más, el buen manejo de los recursos públicos. El corazón del problema gira en torno a un contrato millonario con la empresa JB SYSTEM SA de CV, que lejos de facilitar las tareas burocráticas de la Comuna a través de la venta de insumos de cómputo, generó dudas sobre si realmente fueron entregados los bienes.
Esa información forma parte de un análisis de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Cuenta Pública de 2022 de Eduardo Rivera, documento que puso en evidencia la falta de transparencia para justificar el uso de 10 millones 300 mil pesos solamente de este contrato.
Las anomalías son diversas: el gobierno del también excandidato a la gubernatura de Puebla, incurrió en múltiples irregularidades, siendo una de las más graves la falta de un acta de entrega-recepción de los bienes o servicios adquiridos.
La ausencia de documentación que confirme la entrega de los productos y la falta de evidencia clara sobre los materiales contratados levantaron sospechas sobre la validez del contrato para la “Adquisición de consumibles de equipo de cómputo para las diferentes dependencias del Ayuntamiento de Puebla”.
Las irregularidades en torno a la contratación de JB SYSTEM ya habían sido advertidas por esta casa editorial, luego de que, en mayo pasado, se documentó que, durante la gestión de Eduardo Rivera Pérez en el Ayuntamiento de Puebla, fue detectado un sobrecosto de hasta 237.7 por ciento en la compra de insumos de impresión, como tóner y discos compactos.
Según una comparativa de precios de mercado ofrecidos por plataformas en línea, 12 de los 19 productos comprados presentaron un sobreprecio. El Ayuntamiento pagó más de 2.3 millones de pesos, cuando el costo pudo haber sido 1.3 millones de pesos menor, lo que violó los principios de ahorro y eficiencia en el uso del presupuesto público.
SIN ACLARAR 10.3 MDP
El 13 de mayo de 2022, el Ayuntamiento de Puebla, con Eduardo Rivera al frente, decidió adquirir con la empresa JB SYSTEM, consumibles de equipo de cómputo para diferentes dependencias del Ayuntamiento, el problema fue que, a la fecha, el gobierno municipal no ha podido comprobar que realmente se hayan entregado.
El reporte de la ASE indica que la Comuna pagó hasta 12 millones 360 mil pesos, pero con la ausencia de documentación que confirme la entrega de los productos y la falta de claridad sobre los materiales contratados por 10.3 millones de pesos.
Un aspecto particularmente polémico es la falta de una investigación de mercado previa. El dictamen de excepción a la licitación pública, que permitió la adjudicación directa, no se sustentó en un estudio de mercado que demostrara que JB SYSTEM ofrecía las mejores condiciones en términos de precio, calidad y financiamiento.
El Ayuntamiento de Puebla argumentó que la adjudicación directa se basó en el artículo 20, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, que permite estos procedimientos sólo en circunstancias muy específicas.
No obstante, los consumibles de equipo de cómputo claramente no encajaban en las excepciones permitidas por la ley, dado que existen numerosos proveedores en el mercado que ofrecen estos productos.
Esta irregularidad en la contratación es solo una de las múltiples observaciones de la ASE sobre la cuenta pública del Ayuntamiento de Puebla en 2022, toda vez que, en total, se detectaron 17 contratos irregulares que suman 239 millones 573 mil pesos para los cuales el municipio debe presentar documentación justificativa.
Aunado a esto, la Comuna incurrió en un daño patrimonial por 45 millones de pesos en su Cuenta Pública de ese año y otros 380 millones de pesos son recursos pendientes por aclarar de todo el año fiscal.
SIN TRANSPARENCIA, 239 MDP
Además de las irregularidades en la contratación de JB System, la Comuna tendrá que aclarar el destino de 239 millones 573 mil 306 pesos provenientes de diferentes contratos, donde de un monto total observado de 344 millones 313 mil 964 pesos, solo se justificaron 104 millones 740 mil.
Por ejemplo, en la contratación del pago de vales de despensas con Sí Vale, deberán aclarar el uso de 183.1 millones de pesos pues no se presentó registro en el padrón de proveedores ni la garantía de seriedad de la propuesta económica.
En el contrato CMA-SECATI-LP-ERP-194/2022 con el proveedor Tecnoacabadora Zaldo SA de CV por 12.7 millones, aunque se presentó documentación parcial, no se remitieron las cotizaciones necesarias para verificar que la adjudicación se basó en una evaluación adecuada del mercado.
En varios casos, como el contrato SSC/067/2022 para la compra de alimentos y el CMA-SECATI-CI-ERP-258/2022 para material quirúrgico, no se justificó adecuadamente la excepción a la licitación pública ni se demostró que se obtuvieron las mejores condiciones en términos de precio, calidad o financiamiento.
Algunos proveedores no contaban con la experiencia necesaria, como el caso de la empresa Corporación Industrial y Comercial de Puebla SA de CV que, con solo cuatro meses de actividad, fue adjudicada un contrato por 2.4 millones, sin evidencias suficientes de su capacidad técnica.
VICIOS DE SOBRECOSTO
Los señalamientos contra la Comuna por la contratación de la firma JB SYSTEM no son los únicos negativos, pues con Eduardo Rivera Pérez los insumos de impresión adquiridos tuvieron un sobrecosto de hasta 237.7 por ciento.
Hipócrita Lector dio a conocer previamente que, según el contrato CMA-SECATI-I-ERP-220/2022, la administración pagó 2.3 millones de pesos por 2 mil 647 unidades de tóner y discos compactos, cuando el costo en el mercado habría sido de solo 984 mil pesos.
Un comparativo de precios en plataformas como Mercado Libre y Amazon reveló que 12 de los 19 productos adquiridos presentaron sobrecostos, mientras que otros cinco se mantuvieron dentro de rangos aceptables.
Por ejemplo, el tóner HP laser black se adquirió por 3 mil 955 pesos, mientras que en el mercado tiene un costo de mil 530 pesos, lo que supuso una diferencia de 2 mil 425 pesos por unidad.
Leobardo Rodríguez Juárez, regidor de Morena, destacó que este caso se suma a otros contratos con presuntos sobrecostos, como la compra de tinacos para coacción del voto, además de que dijo, llamó la atención que se trató de una posible práctica sistemática de inflar precios en adquisiciones del Ayuntamiento.
