Pese a la derrota del pasado 2 de junio, la dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, confirmó que el grupo del exalcalde y excandidato perdedor a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, buscará quedarse con la coordinación de la bancada panista en la LXII Legislatura del Congreso del Estado.
Como lo adelantó Hipócrita Lector, durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal del PAN se destapó la disputa por la coordinación de la bancada, cargo que buscan, por el lado yunquista, Marcos Castro Martínez, secretario general del partido, y Celia Bonaga, exparticular de Eduardo Rivera; y por otro el diputado Rafael Micalco Méndez.
La dirigente del blanquiazul indicó que los próximos días se definirá el perfil y el nombre de quien se encargará de coordinar los trabajos del grupo legislativo de Acción Nacional a partir del 15 de septiembre que asuman funciones los nuevos diputados.
Aunque dijo que todos los diputados locales tienen las posibilidades de asumir dicho encargo, Augusta Díaz de Rivera dijo que será un potencial diputado o diputada, y reconoció que Marcos Castro y Celia Bonaga aspiran a esa posición.
Al PAN también le corresponderá la secretaría de la Mesa Directiva, por lo que se analizarán los perfiles para que quien sea elegido desempeñe un buen papel.
En tanto, Marcos Castro reconoció interés en ser el coordinador de los seis diputados electos del PAN, sin embargo, pidió esperar a que este tema se defina al interior del partido.
Indicó que se sumarán a Morena y a las propuestas del gobernador electo Alejandro Armenta siempre y cuando estas busquen el bien común de la ciudadanía.
EVADE PRONUNCIARSE POR OBSERVACIONES DE EDUARDO RIVERA
En otro tema y ante las millonarias observaciones a su cuenta pública que enfrenta Eduardo Rivera, la dirigente estatal del PAN minimizó esta situación y esquivó señalar si esto afecta a la imagen del panista que busca ser el dirigente estatal del PAN.
La exregidora de Atlixco dijo que todos los ayuntamientos están obligados solventar las observaciones que haya realizado la Auditoría Superior del Estado (ASE), pues dentro de la fiscalización se encuentran otros ediles emanados de su partido.
La ASE, en una revisión minuciosa a la Cuenta Pública 2022 de quien buscó la gubernatura de Puebla hasta hace pocos meses, halló decenas de anomalías que se sintetizan en un daño patrimonial al municipio de Puebla por 45 millones 609 mil 594 pesos, y que se suman a otros 377 millones 798 mil pesos de recursos pendientes por aclarar.
Las principales anomalías revelan un panorama alarmante de presunta corrupción y mala gestión: la venta de autos chatarra del corralón, que se ejecutó sin la documentación adecuada y sin comprobación de ingresos; incumplimiento de contratos de box lunch donde no hay evidencia que se hayan recibido y graves discrepancias en el mantenimiento de fuentes, de las que nadie sabe si en realidad fueron rehabilitadas.
