La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las críticas por su reforma electoral y fue tajante: si la iniciativa no logra avanzar en el Congreso, no lo ve como una derrota política, sino como una victoria por haber presentado el proyecto sin concesiones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta plantea un rediseño completo de la integración del Congreso de la Unión, con el objetivo —dijo— de eliminar privilegios y fortalecer el voto directo de la ciudadanía.

En el caso de la Cámara de Diputados, el planteamiento mantiene los 500 espacios, pero con un cambio clave: todos los legisladores serían electos por voto directo. De ellos, 300 seguirían siendo elegidos por mayoría relativa en distritos electorales, mientras que 200 conservarían el esquema de representación proporcional, aunque sin listas cerradas impuestas por las dirigencias partidistas.

Según el proyecto, esas 200 diputaciones se repartirían entre candidatos que no ganaron su distrito, pero que obtuvieron los mejores resultados dentro de sus partidos. La selección combinaría votación directa por circunscripción, paridad de género y la inclusión de ocho espacios para mexicanos residentes en el extranjero.

La reforma también contempla un recorte en el Senado. La Cámara Alta pasaría de 128 a 96 integrantes: 64 electos por mayoría relativa y 32 por primera minoría, eliminando los escaños asignados por lista nacional.

Sheinbaum sostuvo que estos cambios buscan una representación más cercana a la gente y menos dependiente de acuerdos internos. Por eso, insistió, no está dispuesta a modificar el fondo de la propuesta solo para asegurar su aprobación.

“El hecho de presentar la reforma ya es cumplirle al pueblo”, ha reiterado. En ese sentido, afirmó que si el Congreso decide frenarla, quedará claro quiénes defendieron el cambio y quiénes optaron por mantener el sistema actual.

Por ahora, la discusión sigue abierta en el Congreso. Pero desde Palacio Nacional el mensaje es claro: para la presidenta, la reforma ya cumplió su función política, independientemente del resultado legislativo.