El Gobierno federal anunció un paquete de reformas legales que otorgará reconocimiento formal a la figura del usuario encubierto, una herramienta destinada a combatir la corrupción en dependencias federales. Este mecanismo permitirá a contribuyentes, trabajadores o empresarios supervisar procedimientos públicos sin revelar su identidad, reforzando la denuncia ciudadana y asegurando que los casos tengan validez jurídica en tribunales.

La estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y coordinada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, busca cerrar vacíos legales que han debilitado la efectividad de los usuarios encubiertos en investigaciones previas. En ocasiones, expedientes han caído incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de reconocimiento formal de este tipo de verificación.

Buenrostro destacó que la iniciativa se centra en empoderar al ciudadano, garantizar confidencialidad y proteger los datos personales de quienes aporten evidencia sobre irregularidades. La formalización jurídica permitirá consolidar pruebas sólidas en procesos administrativos y penales, especialmente en niveles medios y operativos, y fortalecerá la transparencia en sectores críticos como el salud, donde auditorías encubiertas han detectado irregularidades en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El paquete de reformas se concibe como parte de un enfoque integral de cero tolerancia a la corrupción, reforzando la integridad institucional, blindando la fiscalización interna y mejorando la calidad de los servicios públicos.