“… Los que tienen nada quieren algo
Los que tienen algo quieren todavía más…”
Y Mariana, de Silvio Rodríguez
Han pasado algunos años desde mi última intervención entre la pluma y el papel, pero qué mejor manera que retomar el noble oficio del escritor digital, o lo que también podemos denominar como “juglar digital”, que retomando el bombazo emergido desde la editorial Planeta y multicitado por diferentes medios de comunicación y los bautizados como “comentócratas” desde Palacio Nacional. Me refiero, por supuesto, al libro publicado en coautoría por Julio Scherer Ibarra, ex consejero político, perdón, jurídico de la Presidencia de la República en el sexenio del presidente López Obrador, y el periodista Jorge Fernández Menéndez.
Trascendió entre las páginas del libro un capítulo escrito por el periodista dirigido a una figura clave en el área de comunicación de la Presidencia de la República, quien fuera discípulo del genial Monsivais. Un dardo que fija en la diana del centro a Jesús Ramírez Cuevas: su presunto papel como mediador en un añejo conflicto entre el ex sindicato de trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro y el Gobierno Federal por el pago de algunas liquidaciones y otras compensaciones similares. El capítulo del libro que, al margen de la veracidad o no de su contenido, señala la existencia de una “doble pensión” para algunos ex trabajadores a cambio de prebendas electorales en favor de un determinado grupo político. Pero, lo interesante para el que esto escribe no es el fondo político, o bien politiquero, que maneja el libro, sino una realidad jurídica: la creación del “Decreto por el que se establece el Sistema de Compensación Vitalicia por justicia social a personas extrabajadoras de la extinta LyFC”.
En el decreto que fue producto de las negociaciones de Ramírez con los extrabajadores, en su versión original se preveía una prohibición expresa de acceder al beneficio de la “compensación” si la persona ya era beneficiaria del IMSS, ISSSTE o alguna pensión derivada de las leyes de seguridad social; sin embargo, en la fe de erratas publicada unos días después del original, esta reserva se eliminó para cambiar la limitación a que “se reciban alguna otra prestación derivada de la relación de trabajo que existió con Luz y Fuerza del Centro”. Este “pequeño cambio” ocasionó un problema de carácter presupuestal, pues la primera versión del decreto excluía a las
personas que ya gozaran de alguna pensión del régimen de seguridad social del país, pero con el cambio, esta limitación queda a “interpretación”.
Entonces, el problema radica en el impacto presupuestario, ya que una de las particularidades de ese Sistema de Compensación Vitalicia es que no surge de una base contributiva, es decir, el dinero pagadero de esta pensión “por decreto” no surge de un fondo de pensiones ni de cuotas destinadas a financiar esta prestación, sino que surge directamente de las arcas públicas, lo que genera un gasto directo al Gobierno Federal que no estaba presupuestado.
Así que, ¿Dos siempre es mejor que uno? No en este caso, pues mientras que gracias a este Decreto en nombre de la justicia social unos pueden recibir un doble beneficio, este doble beneficio es con cargo al erario público, lo que significa dejar de gastar en algo debidamente presupuestado para desviar ese dinero a una compensación que nadie contempló. Entonces,
¿entre justicias sociales hay clases? Juzgue usted mismo.
