La Fiscalía General del Estado (FGE) descartó tener relación con la prisión domiciliaria concedida al exgobernador priista Mario Marín Torres, luego de que la madrugada de este 14 de agosto fue trasladado por la Guardia Nacional a su vivienda en la zona de Xilotzingo, para continuar desde allí su proceso penal por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
Gilberto Higuera Bernal, titular de la FGE, apuntó que, al ser el tema investigado por la vía federal, el cambio de medidas cautelares estuvo a cargo de una jueza del mismo ámbito, además de que la Fiscalía poblana no tenía órdenes de aprehensión vigentes contra el expriista.
El fiscal informó que se mantiene en constante comunicación con autoridades y centros penitenciarios, tanto locales como federales, para estar al tanto de las personas que serán liberadas y evitar cualquier omisión en el cumplimiento de la ley.
Explicó que, con relación al caso del exgobernador Mario Marín y el cambio de su medida cautelar, el gobierno federal solicitó información a las autoridades de Puebla para confirmar si existía alguna orden de aprehensión pendiente en su contra.
Por tanto, aclaró que, tras revisar la situación de Marín, se confirmó que no había ningún mandamiento judicial pendiente que impidiera su liberación, así como que la responsabilidad del resguardo recae en la Guardia Nacional.
Además, destacó que este tipo de solicitudes de información son una práctica común, ya que diariamente reciben peticiones similares desde diferentes centros penitenciarios para asegurarse de que no exista ninguna orden de captura pendiente antes de proceder con la liberación de algún interno.
“No es un caso excepcional, todos los días recibimos solicitudes de información de los centros penitenciarios federales, locales, de autoridades que nos informan tal o cual persona que hoy está interno va a ser dejado en libertad y para que no incurramos en alguna responsabilidad nos dicen díganos si tienen algún mandamiento de captura por cumplir con esta persona, eso lo hacemos por decenas todos los días”, apuntó.
La declaración ocurre luego de que Mario Marín fue liberado tras casi tres años en prisión en el Altiplano, Estado de México. Pagó una fianza de 100 mil pesos, debe permanecer en arraigo domiciliario en Puebla, no acercarse a Cacho y portar un brazalete geolocalizador.
Su liberación se basó en el artículo 20 constitucional, que limita la prisión preventiva a dos años, en contraste con las 86 mil 984 personas que aún esperan sentencia en prisión, según datos del INEGI de julio de 2024.
