El nombre de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, resurgió con fuerza tras la decisión de la justicia local de Quintana Roo que le dio la oportunidad de contar con prisión domiciliaria para continuar desde allí su proceso legal por el delito de tortura causado en detrimento de la periodista Lydia Cacho.
Luego de tres años y medio de permanecer recluido en el penal de Almoloya de Juárez, la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, decidió concederle el beneficio del cambio de medidas cautelares, una decisión que encendió la indignación de la periodista, quien acusó a Marín de ser el autor intelectual de la tortura que sufrió en 2005.
La decisión se dio a conocer tras una audiencia en Cancún, donde su abogada, Aracely Andrade, confirmó la noticia: “El exgobernador será excarcelado en las próximas horas y trasladado a su casa en Puebla”.
La resolución judicial causó un gran revuelo. Según las condiciones impuestas por la jueza, Marín deberá pagar solamente una fianza de 100 mil pesos y estará sujeto a estrictas restricciones: no podrá salir de la ciudad ni del país, se le ha retenido su pasaporte y visa, y tendrá que portar un brazalete electrónico para ser localizado en todo momento.
Aunque su domicilio en Puebla será vigilado de cerca, para Lydia Cacho y su equipo legal, estas medidas son insuficientes: “Mi clienta no está conforme con el fallo”, declaró Andrade, anticipando que presentarán un recurso de apelación el próximo miércoles.
Para Cacho, la decisión de la jueza llega en el peor momento posible, pues aseguró que el proceso legal tenía importantes avances para que el exgobernador priista pudiera recibir finalmente una sentencia condenatoria.
“No ha sido exonerado #MarioMarin, sin embargo, es un preso peligroso para mí, para mis testigos y mi familia. Hago responsable a la jueza #AngelicaOrtuñoSuárez de cualquier cosa que pueda sucederle a mi equipo legal que estuvo hoy en la audiencia y a cualquiera de nosotras”, publicó en redes sociales.
La periodista también contrastó dos realidades: mientras ella tuvo que pagar 70 mil pesos de fianza por evidenciar una compleja red de pornografía infantil y pederastia en la que participaron diferentes actores políticos, a Marín se le solicitó pagar una fianza sólo 30 mil pesos superior.
Sí que es un privilegio para los más poderosos, lo sigue siendo. Ahora mismo la Jueza Segunda de Distrito de #QuintanaRoo está liberando a mi torturador #MarioMarín al que me ha mandado matar para acallarme, para proteger a #KamelNacif Marín, que estuvo prófugo de Interpol “no es… https://t.co/Fj5JWfrAQp
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) August 10, 2024
La noche de este sábado, afuera del penal del Altiplano, no había ningún movimiento inusual, ni presencia de seguridad extra, sin embargo, según versiones periodísticas, Marín podría salir en un periodo de 24 a 72 horas, después de someterse a un chequeo médico y la colocación del brazalete electrónico.
LAMENTAN LA DECISIÓN
La organización Artículo 19, por su parte, no tardó en pronunciarse. En un comunicado, anunciaron que impugnarán la liberación de Marín, argumentando que, aunque la prisión preventiva oficiosa puede ser violatoria de derechos humanos en muchos casos, en situaciones particulares como esta, es necesaria para proteger a la víctima y garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo sin interferencias.
Por otro lado, aseguran que existen pruebas que acreditan no solo los posibles riesgos de fuga del procesado, sino también los riesgos contra la víctima tras la liberación del autor intelectual de su tortura.
La decisión de liberación de Marín ocurre apenas tres días después de que Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial, también obtuviera su libertad en un caso relacionado. Cacho ha señalado a Marín y Karam como responsables directos de su tortura, en complicidad con empresarios, quienes buscaban silenciar sus denuncias sobre redes de explotación sexual infantil.
Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nacif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lava dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos. 15 años después #AquíNadieSeRinde pic.twitter.com/Fqp0nsoLXj
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) May 13, 2021
Según la periodista, esta red de pornografía infantil y pederastia incluía a altos funcionarios públicos, como senadores, exgobernadores de Quintana Roo, Chiapas y Veracruz, el expresidente del Poder Judicial de Puebla, una jueza, el director de la Policía Judicial, empresarios, policías municipales y ministerios públicos.
La revelación de esta información, a través de su libro Los Demonios del Edén, llevó al exgobernador Mario Marín Torres a utilizar el aparato gubernamental para encarcelar a la periodista, valiéndose de la Policía Judicial de entonces y alegando difamación y calumnia.
En febrero de 2006, La Jornada y Carmen Aristegui publicaron una conversación entre Marín y Nacif en la que se confirmaba la estrategia para encarcelar a la periodista como represalia.
Lydia Cacho relató a Aristegui que fue sometida a 20 horas de tortura durante un viaje de mil 500 kilómetros por cinco estados, con amenazas constantes y tortura psicológica.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció que Lydia Cacho había sido detenida de manera arbitraria y sufrió agresiones durante su arresto en Quintana Roo, exigiendo una reparación integral del daño.
A raíz de este reconocimiento, en enero del año siguiente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador admitió públicamente que la periodista fue torturada por el estado mexicano para proteger a la delincuencia organizada hace 15 años.
La justicia avanzó un paso más en febrero de 2021, cuando Mario Marín fue arrestado en Acapulco, Guerrero, para enfrentar cargos por tortura, aunque a tres años y medio de distancia, el caso judicial tomó nuevos matices con su liberación.
