Autoridades federales capturaron a uno de los presuntos implicados en el ataque armado contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, un hecho que encendió alertas por el uso de tecnología avanzada por parte del grupo agresor.

El arresto fue confirmado por Omar García Harfuch, quien detalló que el detenido operaba como pieza estratégica dentro de la célula criminal, al encargarse del manejo de radios de comunicación, la instalación de sistemas clandestinos de videovigilancia y la adquisición y operación de drones utilizados para monitorear movimientos de autoridades.

La captura se logró mediante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las indagatorias abiertas tras el atentado.

La agresión armada ocurrió a plena luz del día, cuando los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda circulaban por una de las principales vialidades de la capital sinaloense. Sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que viajaban, dejándolos lesionados y provocando una intensa movilización de fuerzas de seguridad.

Ambos legisladores fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada, mientras que corporaciones estatales y federales desplegaron operativos simultáneos en distintos puntos de la ciudad para localizar a los responsables.

Tras los hechos, el gobernador Rubén Rocha Moya instruyó al secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Rentería Schazarino, a activar de inmediato acciones de búsqueda y captura, además de solicitar a la Fiscalía General del Estado conducir la investigación con celeridad y rigor.

Las autoridades federales informaron que las investigaciones continúan en curso para detener al resto de los involucrados y subrayaron que el caso es prioritario, en concordancia con la estrategia federal contra la violencia política y la protección de representantes populares.