El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, advirtió que su administración estatal mantendrá canales de diálogo abiertos con el sector transportista, pero dejó claro que no cederá ante presiones o intentos de chantaje que afecten a la ciudadanía.

Esto, luego de que concesionarios y taxistas anunciaran un posible paro de labores este martes 3 de febrero, tras concluir el proceso de reemplacamiento y revista vehicular.

“Siempre habrá diálogo, pero no pueden poner contra las cuerdas ni al gobierno ni a los ciudadanos”, sostuvo el mandatario estatal al referirse a la amenaza de suspensión del servicio de transporte público.

Armenta señaló además que detrás de la movilización hay actores que no forman parte del gremio transportista, lo que dijo que busca generar un conflicto artificial.

“La revista vehicular ha sido pensando en los usuarios del transporte y en los transportistas, tenemos toda la información de todas las facilidades que hemos dado y es importante que haya orden, no puede haber argumentos de que no hubo estímulos, podemos analizarlo, siempre habrá diálogo, pero no chantaje, y algunos son monopolistas que tienen 500 concesiones”, afirmó.

La advertencia del Ejecutivo estatal se da luego de que transportistas y taxistas anunciaron un paro masivo de unidades como protesta por las nuevas disposiciones de verificación vehicular, lo que dejaría fuera de circulación a más de 20 mil vehículos.

Representantes de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla confirmaron la intención de suspender el servicio e incluso realizar bloqueos y concentraciones para presionar a las autoridades, aunque hasta el momento no se ha detallado qué rutas o líneas participarían en la protesta.

El conflicto se detonó tras la decisión de la Secretaría de Movilidad y Transporte de retirar de circulación a las unidades que no aprobaron la revista vehicular, cuyo plazo concluyó a finales de enero.

La dependencia advirtió que los concesionarios que incumplan podrían enfrentar multas de hasta 25 mil pesos, además del envío de sus unidades al corralón.

De acuerdo con datos del gobierno, de un padrón aproximado de 35 mil concesiones en el estado, únicamente poco más de 16 mil unidades lograron acreditar la inspección, lo que coloca a casi la mitad del parque vehicular en riesgo de sanción.