Han pasado varias legislaturas y sexenios gubernamentales, desde marzo del 2001 cuando fue expedida la Ley Orgánica Municipal en Puebla, más adelante han hecho pequeñas reformas y la última fue en noviembre del 2021. Sin embargo, las condiciones sociales, económicas y políticas en los 217 municipios en poco han cambiado y modificado su función administrativa.
El anunció, hecho por el gobernador electo, para reformar la LOM, por supuesto que es necesaria y urgente, para que los nuevos presidentes municipales actúen y trabajen bajo las normas municipales y locales. Que le sirvan y escuchen a sus habitantes y no solo gobiernen para ellos, pensando cuánto deben tomar de las participaciones municipales.
Hay ediles que solo están esperando (no todos) asumir sus cargos, para ver cuánto reciben de financiamiento público. Otros, para incluir en las nóminas de los ayuntamientos a sus familiares y amigos, pocos, están pensando en la elaboración de sus planes de desarrollo municipal.
Tampoco hay procesos de transparencia en la entrega y recepción de las administraciones que salen a las que van a llegar. Esto porque siempre las autoridades salientes venden todo y dejan sin nada a las presidencias.
Lo mismo sucede con sus aparatos de seguridad municipal, nadie audita el armamento que tienen y los miembros policiacos que salen. Hasta donde se conoce, los padrones de policías eran registrados en la Dirección General de Gobierno.
Esto solo es poco de todo el amplio espectro de lo que significa la administración pública municipal.
Que en estos tiempos requiere de fuertes modificaciones y reformas para remover las viejas estructuras que aún existen en las regiones del estado.
Es más, tampoco se conoce cuántos ayuntamientos tienen y expidieron Bandos de Policía y Buen Gobierno. Se sigue mencionando que la prioridad serán los pueblos originarios o indígenas, pero los de la sierra norte y nororiental, así como los de la mixteca, no tienen reconocidos sus derechos y lenguas en algún bando municipal, para que en sus regiones por lo menos disminuya la discriminación y el olvido.
Leemos con atención sobre los cursos oficiales que les ofrecen a las autoridades que pronto asumirán sus cargos, estos se reducen a uno o dos días, insuficientes para los 217 cabildos. Porque el tema de municipalismo es mucho más que unos cuantos cursos, se requiere actualmente que los ayuntamientos trabajen en comunidad y se prohíban los actos autoritarios de una sola autoridad.
Hace años, y durante los gobiernos priistas, hubo una dirección de gobierno que atendía por regiones a los ayuntamientos, ahí se resolvían los problemas internos y las peticiones de los grupos sociales que no coincidían con sus autoridades.
Organizaban los procesos plebiscitarios en las más de 500 Juntas Auxiliares que hay en el estado y también en las inspectorías municipales. En donde se dan otras formas de organización social y en ellas también hay demandas sociales y requerimientos de apoyos.
Las agencias subalternas del ministerio público, los juzgados de paz carecen de apoyo económico para su funcionamiento. Los juzgados indígenas casi no existen, son muy poquitos.
Hay un desarrollo desigual entre los municipios poblanos, mientras las cabeceras más importantes cuentan con todo, los pequeños municipios siguen viviendo de sus propias participaciones públicas. Convertirlos en “Pueblos Mágicos” sin programas integrales beneficia solo algunos y les genera crisis ambientales.
Ayer, o hace muchos años, la Facultad de Economía de la BUAP organizaba buenos cursos para autoridades municipales, quien fuera su director, Honorio Ojeda Lara y Alejandro Chávez Palma, junto con algunos exfuncionarios estatales, convocaban a los ayuntamientos para capacitarlos sobre los significados del municipalismo.
Conclusión: Se requieren las reformas anunciadas a Ley Orgánica Municipal, para impulsar el desarrollo en los 217 municipios poblanos. Ninguna región que se encuentra aún en condiciones de marginación y pobreza podrá salir de la misma, sin el apoyo necesario de sus comunidades.
Los problemas en los ayuntamientos locales siguen siendo los mismos, por lo que requieren cambios de fondo. Las autoridades que asumirán sus cargos deberán tener una responsabilidad social y colectiva para gobernar. Si es que son congruentes con lo que anuncian del segundo piso de la llamada cuarta transformación.
