Una avalancha de críticas recibió la SCJN, durante los pasados días a raíz de la adquisición de camionetas blindadas y equipadas, que servirían para el uso de los ministros integrantes de la Corte. Bajo el argumento de “garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de los funcionarios”

Cabe señalar aquí, que los exintegrantes de esta también gozaban y tenían asignada una camioneta, que al final de su periodo algunas fueron adquiridas por ellos mismos.

El asunto creció entre la opinión pública, se hizo viral, se politizo, la oposición lo cuestiono y pronto llego a la mañanera de todos los días, en donde la propia presidenta Claudia Scheunbaum, tuvo que hablar del tema y ante los cuestionamientos de los medios, justifico la adquisición de las camionetas y al mismo tiempo paso a defenderlos.

Además, mostro documentos relacionados con los gastos y prestaciones de las que gozaban los exintegrantes del máximo órgano de justicia en el país. Señalando que fueron cancelados y que se acabaron los privilegios.

Mostro que antes los ministros ganaban 206 mil pesos mensuales en comparación con lo que ahora perciben, que son: 134,310 pesos.

En este contexto, el propio ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, en conferencia de prensa, anunciaba que las camionetas blindadas, se regresarían, poniéndose a tono con la política de austeridad del régimen.

Lo que quedó claro, que, ante las presiones y cuestionamientos sociales, tuvieron que dar marcha atrás.

Con apenas unos cinco meses de haber tomado posesión como ministros del pueblo, los nuevos integrantes de la Corte han tenido situaciones complicadas sobre su actuar. Después del proceso de la consulta popular en donde fueron electos y que fue duramente cuestionada por diferentes voces, ahora, enfrentaron otros, en donde han tenido que sortear una crisis de credibilidad e incongruencia.

La propia ministra Lenia Batres Guadarrama, en algunos medios ha venido declarando, que ahora cada ministro tiene el doble de trabajo que los anteriores y que hoy se discuten y resuelven 100 por ciento de los casos en el pleno y son públicos.

Lo cierto es, que, los integrantes del máximo tribunal del país, están bajo la mirada de la sociedad mexicana, por todo lo que represento su proceso y lo inédito de haber sido votados, algo que jamás se hubiese pensado.

Sobre todo, por lo que es y representa en el país, la impartición de la justicia y los cuestionamientos que hay sobre el proceder de los integrantes del Poder Judicial.

Tan es así, que, en una entrevista exclusiva para el Financiero, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que buscan darle un nuevo rostro al Alto tribunal y exigió cero tolerancias a la corrupción. Además, dijo, “que la apuesta de la Corte es acercarse al máximo a la verdad real”, que están resolviendo 70 casos por semana para abatir el rezago existente y considero que el juez debe acostumbrarse a que no todo se resuelve encerrándose en una oficina y mirando papeles. Debe salir, eso va a hacer una transformación del compromiso de la justicia con la realidad.

Finalmente, podría comentar, que el entramado de la justicia es complejo y difícil, siempre ha estado en entredicho, sigue existiendo desconfianza en los tribunales y sobre la impartición de la justicia, también se cuestiona la corrupción existente y lo tardado que es esta, para su aplicación.

El tema de la justicia y el Estado de Derecho, seguirán siendo asuntos sensibles y parte del escrutinio público.

En la transformación de la que tanto habla en sus narrativas públicas el régimen, por supuesto que va implícito, el papel que debe juagar ahora el máximo tribunal del país. La democracia misma requiere de un poder judicial, fuerte e independiente.