La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un ajuste a la estrategia nacional contra la extorsión, con un enfoque dirigido a atender la cifra negra del delito, es decir, los casos que no se denuncian formalmente ante las autoridades.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el nuevo enfoque dejará de depender únicamente de las carpetas de investigación y utilizará información de encuestas de victimización, como las elaboradas por el INEGI, para identificar las zonas con mayor incidencia de extorsión.

“Esto es distinto a las denuncias, porque se le pregunta directamente a la gente si ha sido víctima de extorsión, y ahí se refleja una realidad que muchas veces no llega al Ministerio Público”, señaló Sheinbaum.

Con estos datos, el Gobierno federal podrá focalizar operativos y acciones de seguridad en municipios y ciudades donde la extorsión ha incrementado, incluso si las cifras oficiales no reflejan el fenómeno debido al temor de las víctimas o la desconfianza en las autoridades.

El ajuste se da en un contexto donde las denuncias por extorsión aumentaron ligeramente en 2025, especialmente en Ciudad de México, Guanajuato y Puebla, aunque el Gobierno reconoce que estos números no muestran la magnitud real del problema.

Sheinbaum recordó que próximamente se publicará una reforma constitucional en materia de extorsión, que permitirá perseguir este delito de oficio, sin necesidad de denuncia formal, buscando reducir la impunidad y proteger a las víctimas.

Además, en febrero se lanzará una campaña nacional de prevención, enfocada en informar a la ciudadanía sobre las modalidades de extorsión, principalmente vía telefónica y digital.

Con este replanteamiento, el Gobierno federal busca fortalecer la política de seguridad, incorporando herramientas estadísticas y de análisis territorial para mejorar la prevención, persecución y atención a víctimas de extorsión en todo el país.