Publicado originalmente por Zedryk Raziel en El País. Compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico:
Los ministros cargan contra los jueces de la Corte anterior, a los que señalan de haberse llevado una parte del parque vehicular.
La Suprema Corte de Justicia ha confirmado este lunes que buscará devolver las nueve camionetas blindadas que había adquirido para todos los integrantes del Pleno, o que las asignará a juzgadores en situaciones de peligro. El presidente del Alto Tribunal, Hugo Aguilar, ha señalado que no existen riesgos que amenacen la labor de los togados, y ha señalado que deshacerse de los vehículos no entorpece el funcionamiento del Supremo. “Seguridad no implica lujo”, ha dicho el funcionario este lunes, durante una inusual conferencia de prensa en la sede de la Corte. “Con la decisión que estamos tomando, no es que vayamos a quedar en dificultades operativas”, ha precisado Aguilar. La decisión respecto de los nuevos vehículos se anunció desde el fin de semana, tras varios días de críticas por una adquisición considerada onerosa, en la que cada auto costó 2,4 millones de pesos, contando el blindaje, según cifras presentadas en la conferencia.
Los ministros, que fueron elegidos por voto popular en los comicios judiciales del año pasado, señalaron que se tuvo que hacer la polémica compra debido a que los togados del Pleno anterior se llevaron cuatro camionetas y descompletaron el parque vehicular de la institución, como parte del haber por retiro al que tenían derecho. El ministro Arístides Guerrero ha elevado la crítica contra sus antecesores en la Corte, por los enormes beneficios que tenían al retirarse. “Los ministros de la integración anterior no solo se llevaron obras de arte, sino que además se llevaron cuatro camionetas que había adquirido esta Suprema Corte”, ha afirmado. “¿En qué trabajo permiten adquirir un vehículo a un precio mucho menor del que se encuentra en el mercado?”, ha cuestionado.
A la conferencia no asistieron las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, residuos de la conformación anterior que lograron permanecer en el Alto Tribunal. Sí estuvo presente el titular del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, encargado de todas las adquisiciones del Poder Judicial federal. Aguilar ha señalado que los exministros de la Corte adquirieron en 2025 43 vehículos blindados, pero heredaron a sus sucesores 39 unidades, tras haber comprado cuatro a un precio preferencial. Aguilar ha explicado que los actuales togados decidieron usar las unidades menos lujosas de entre las que quedaban, pero estas resultaron estar viejas, de modo que presentaron problemas de manejo y riesgos de seguridad vial.
El presidente del Supremo ha incidido en que la Corte hizo consultas en sus áreas internas y con autoridades de seguridad pública, y llegó a la conclusión de que era necesario adquirir nuevas camionetas. “Hemos estado escuchando las críticas y cuestionamientos —que no es sobre la función jurisdiccional, sustantiva—, y por esa razón hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos”, ha detallado. “Vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas”, ha insistido. Aguilar ha señalado que los ministros tienen ahora mayor necesidad de vehículos terrestres dada la política de implementar una Corte itinerante. Por esa razón, los fines de semana, algunos ministros salen de Ciudad de México y visitan otros Estados.
Los togados no revelaron quiénes fueron los exministros que compraron y se llevaron las cuatro camionetas blindadas. Los periodistas les cuestionaron incluso si dieron vista a las autoridades por la pérdida de obras de arte, según lo denunciado por Guerrero. Vargas, el titular del OAJ, presentó en la conferencia cifras de los ahorros implementados por la nueva integración de la Corte en otros rubros de gasto en comparación con 2025, el último año de la Suprema Corte anterior, desbaratada con la reforma judicial impulsada por Morena.
