Después del caso Lydia Cacho, el gobernador Mario Marín entró en un proceso de negociaciones en aras de no dejar Casa Puebla.
Y ante la presión brutal en los diversos ámbitos, cedió al rescate que le ofrecieron el gobierno federal, a través de fray Carlos Abascal, y Felipe Calderón, candidato del PAN a la presidencia de la República.
Abascal, casi un santo en vida, se reunió con el gobernador para decirle que la administración de Vicente Fox lo ayudaría a salir de la crisis gubernamental a cambio de que cediera el territorio poblano, en la elección de 2006, al Partido Acción Nacional.
Marín negoció también con un enviado de Felipe Calderón: Manuel Espino, a la sazón dirigente del PAN.
Muchas cosas le pidieron.
Y el gobernador cedió en todo.
Eso incluyó, en 2009, la aprobación de una reforma constitucional sobre el aborto salida de Los Pinos.
Dicha reforma dejaba muy en claro que “la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción”, lo que convertía en asesinas a las mujeres que se practicaran un aborto.
Beatriz Paredes, dirigente nacional del PRI, se había venido proclamando defensora del aborto.
Sin embargo, como parte de la negociación para salvar a Marín, ordenó a sus legisladores de todo el país que aprobaran la retrograda reforma en las legislaturas locales.
Rocío García Olmedo, diputada local en ese momento, se opuso a la exigencia de Paredes y votó en contra.
El resto de los legisladores priistas avalaron el aborto calderonista.
Hoy, al igual que Calderón, se ha ido al basurero de la historia la criminalización en contra de las mujeres que recurren al aborto antes de las primeras doce semanas.
Un pequeño paso en el Congreso poblano.
Un gran paso para la humanidad.
