Desde Minneapolis hasta Monterrey, los hechos que hoy estremecen a las sociedades de ambos lados de la frontera no son simples notas aisladas, sino síntomas de una crisis más profunda: el uso excesivo de la fuerza y la violación sistemática de derechos humanos bajo la bandera de “control migratorio”. La política estadunidense de deportaciones y redadas ha escalado hasta niveles que incluso socavan las garantías básicas dentro de su propio territorio. La operación denominada Operation Metro Surge en Minnesota ha sido descrita como la más grande de su tipo, con miles de detenciones y, más alarmante, múltiples muertes de civiles en circunstancias que plantean serias dudas sobre el uso legítimo de la fuerza por parte de agencias federales como ICE y la Patrulla Fronteriza.
Uno de los casos que ha generado conmoción nacional es el de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años, aparentemente desarmado, que fue abatido a tiros por agentes federales en Minneapolis durante un operativo. Los videos disponibles contradicen la versión oficial de “defensa propia”, mostrando a Pretti filmando con su teléfono mientras, según testimonios, intentaba ayudar a otras personas antes de ser rociado con gas, sometido al suelo y ejecutado con múltiples disparos incluso después de haber sido desarmado. Organizaciones como el Legal Defense Fund han señalado que este tipo de violencia es parte de un patrón de abuso por parte de agentes federales, en el que se penaliza tanto a migrantes como a ciudadanos y observadores pacíficos.
Este episodio se enlaza con otro igualmente inquietante ocurrido semanas antes: la muerte de Renée Good, una madre y escritora de 37 años abatida por un agente del ICE en enero de 2026. Investigaciones independientes, incluyendo análisis de videos, han puesto en tela de juicio la narrativa oficial que intentó justificar los disparos, y grupos como Human Rights Watch han calificado el tiroteo como injustificado, subrayando nuevamente que el abuso de fuerza pone en riesgo incluso a civiles que no están en riesgo de deportación.
A estas tragedias se suman las denuncias sobre la detención de un niño de 5 años en Minnesota, quien fue arrestado junto con su padre durante redadas y, según testimonios, incluso utilizado para atraer a otros miembros de la familia, generando consternación en la comunidad educativa y entre defensores de derechos de la infancia. Además, este caso pone en el centro otros momentos donde se utiliza a las infancias y se omite su protección, lo que nuevamente atenta contra los derechos humanos. En Minnesota se han reportado al menos otras tres detenciones que involucran a menores, sin permitirles el derecho a permanecer con otro adulto de confianza.
Detrás de estos incidentes hay un principio fundamental que muchas veces se olvida: migrar es un derecho humano. Esto no es un capricho retórico, sino una verdad respaldada por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a salir de cualquier país y regresar al propio, así como derechos implicados en la búsqueda de asilo y protección internacional. Criminalizar la movilidad humana o responder con violencia desmedida contra quienes ejercen ese derecho deshumaniza tanto a víctimas como a victimarios.
Pero la crítica no puede limitarse a la frontera norte. Aquí en México también enfrentamos nuestras propias fallas, y el caso del académico Leonardo Ariel Escobar Barrios lo ilustra con crudeza. El profesor colombiano radicado en México, fue detenido en el aeropuerto de Monterrey por supuestas “faltas administrativas”, sufrió maltrato, quedó fuera del registro oficial de detenciones y desapareció durante días hasta ser encontrado en condiciones de vulnerabilidad, denunciando golpes y violaciones a sus derechos fundamentales. Su caso, es un ejemplo más de crudeza, impunidad, y omisión a manos de la Guardia Nacional y muestra que también en México las personas migrantes reciben un trato discriminatorio y pueden ser objeto de múltiples arbitrariedades.
El caso de Leonardo al igual que los ocurridos en el país vecino, muestran el abuso de la fuerza, la falta de transparencia de autoridades que actúan bajo condiciones poco transparentes y más allá de los casos visibles que claramente se ha vuelto parte de una agenda, es necesario alzar la voz y evidenciar que ellos si ellos forman parte de una lista interminable ¿por qué seguimos permitiendo los mismos horrores?
