Este martes, las autoridades de Israel demolieron la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en Jerusalén Este, siguiendo la ley aprobada en octubre de 2024 que limita las actividades del organismo en el país. La acción ha sido calificada por el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, como un “ataque sin precedentes” y un “desafío abierto al Derecho Internacional”.
Según Lazzarini, las excavadoras ingresaron al complejo en presencia de parlamentarios y del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, para demoler los edificios, mientras que Israel mantiene planes de cortar el suministro de agua y electricidad en otros centros de la agencia, incluyendo escuelas y hospitales.
El funcionario destacó que la medida contradice fallos de la Corte Internacional de Justicia, que señalan que Israel debe facilitar las operaciones de la UNRWA y no obstaculizarlas. Asimismo, advirtió que estas acciones podrían sentar un precedente peligroso para otras organizaciones internacionales en Jerusalén Este y más allá.
Por su parte, el gobierno israelí defendió la demolición, argumentando que el Estado es propietario del terreno y que el complejo no contaba con inmunidad. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Oren Marmorstein, aseguró que la confiscación se realizó conforme al Derecho israelí e internacional y reiteró acusaciones de que empleados de la UNRWA habrían apoyado a grupos armados palestinos, señalamientos rechazados por investigaciones independientes.
El ultraderechista Ben Gvir calificó el hecho como un “día histórico” para la soberanía israelí en Jerusalén, afirmando que se trataba de expulsar a simpatizantes del terrorismo del territorio, mientras que la UNRWA denunció un “flagrante desprecio por el Derecho Internacional” y señaló que la demolición forma parte de una campaña más amplia de presión sobre los refugiados palestinos.
Este episodio intensifica la tensión en Jerusalén Este, generando preocupación internacional sobre la protección de instalaciones de la ONU y los derechos de los refugiados palestinos en la región.
