Minneapolis enfrenta una escalada de tensión tras una serie de tiroteos protagonizados por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En respuesta, el presidente Donald Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección, una norma federal poco utilizada que le permitiría desplegar tropas para contener disturbios.

Este jueves, Trump afirmó que si los gobernantes de Minnesota no frenan a los manifestantes y agitadores, activará la ley, señalando que es una medida usada históricamente por presidentes anteriores para restaurar el orden.

El último tiroteo ocurrió el miércoles, cuando un agente disparó a un hombre en la pierna durante un operativo. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el individuo, de origen venezolano, intentó agredir al agente con una pala y un palo de escoba tras evadir una detención. El hombre se encuentra hospitalizado con lesiones no mortales.

La noche del mismo día, manifestantes respondieron a la presencia federal lanzando piedras y fuegos artificiales mientras agentes con casco y máscaras de gas empleaban gas lacrimógeno. El jefe de policía, Brian O’Hara, calificó la concentración como ilegal y pidió a los ciudadanos dispersarse.

Desde el 7 de enero, tras el fallecimiento de Renee Good, abatida por un agente federal durante una ofensiva migratoria, las protestas se han vuelto recurrentes. El alcalde Jacob Frey describió la situación como “insostenible”, señalando que una fuerza federal de aproximadamente 600 agentes, cinco veces mayor que la policía local, ha generado temor e indignación entre la población.

El DHS reporta más de 2 mil arrestos en Minnesota desde diciembre y asegura que los operativos continuarán. En paralelo, un juez federal solicitó al gobierno de Trump una respuesta ante una solicitud que busca suspender la ofensiva, mientras el fiscal general adjunto, Brian Carter, pidió “bajar la temperatura” de la crisis.

El gobernador Tim Walz calificó la situación como un “estado de caos” y la describió como una campaña de “brutalidad organizada” más allá del control migratorio. Mientras tanto, el Pentágono analiza enviar abogados militares para apoyar al Departamento de Justicia, medida criticada por expertos legales debido a sus implicaciones en el sistema de justicia militar.