Víctimas del insomnio o del desvelo voluntario, alguna vez de madrugada hemos escuchado el sonido de un tren a lo lejos. Se sabe de su existencia por el eco, pero nunca se ve, ni se tiene idea de a dónde va ni de dónde viene.

Quizá sea el alma en pena de una revolución que sigue sin hacer la justicia prometida, o el trasporte escolar de una secreta escuela de magos; lo único cierto de ese tren que nunca se ve y sólo se escucha, es que su destino es tan incierto como nuestro futuro.

Como este 2026 que inició con la fuerza de la tierra rugiendo bajo nuestros pies, con una invasión que otros llamaron libertad y, lamentablemente con las mismas historias de abuso contra los más desprotegidos.

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Deisy “N”, una niña de apenas 10 años dio a luz en los primeros días de enero de 2026, abriendo nuevamente el debate sobre el embarazo infantil, la violencia sexual y las fallas en los mecanismos de protección a las infancias en México.

El caso se conoció cuando la menor fue ingresada al Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas acompañada por un joven que se identificó como su “esposo”. Tras el parto, el recién nacido y la niña (ahora madre) fueron trasladados al Hospital de las Culturas para seguimiento médico.

Deisy enfrentó graves complicaciones derivadas de su corta edad y falta de desarrollo físico. Su cuerpo no estaba preparado para la gestación ni para el parto, lo que provocó daños severos en tejidos internos, incluyendo lesiones en la vejiga y la uretra, atribuibles a la inmadurez de su organismo.

Posteriormente las autoridades sanitarias reportaron que la menor salió del estado y se encuentra fuera de peligro bajo atención médica, aunque su bebé sigue en riesgo.

El caso motivó la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que indaga posibles delitos como violencia sexual y abuso infantil, así como la posible responsabilidad de quien se presentó como pareja de la menor y posteriormente abandonó el hospital.

Este suceso revela fallas institucionales en la protección de niñas y adolescentes, así como la persistencia de prácticas que vulneran sus derechos, como el matrimonio infantil y la violencia sexual.

El impacto mediático del caso ha generado una oleada de indignación y exigencias para reforzar las leyes que protegen a nuestras infancias. Es necesario homologar la legislación y tipificar como delito el matrimonio infantil en todo el país, con el fin de evitar que situaciones similares continúen repitiéndose.

El embarazo infantil, sobre todo en niñas tan jóvenes como Deisy, es una expresión extrema de violencia y una falla en los sistemas de protección de las infancias y, no un acto de “maternidad” voluntaria.

Aunque el caso de Deisy estremeció al país por la edad de la madre y la crudeza de las complicaciones, no es un fenómeno aislado. En estados como Chiapas, con altos índices de embarazo infantil y adolescentes, organizaciones defensoras de derechos advierten sobre la necesidad de políticas públicas integrales que aborden educación sexual, prevención de la violencia y mecanismos efectivos de protección para menores en comunidades vulnerables.

Este caso, además de la atención médica que requiere la menor y su bebé, plantea preguntas urgentes sobre las brechas sociales, culturales y legales que permiten que niñas sigan siendo víctimas de violencia sexual y reproductiva, y la responsabilidad colectiva para garantizar su bienestar y derechos fundamentales.