El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que tras la detención de Hernán Bermúdez Requena se cumplimentó una orden de aprehensión estatal en Tabasco, además de que el exfuncionario cuenta con otra orden vigente a nivel federal, emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia matutina, el funcionario federal subrayó que el caso no se limita a una sola detención, ya que las investigaciones continúan abiertas y avanzan de manera sólida, con más personas detenidas dentro de la misma estructura delictiva.

García Harfuch detalló que días antes de la captura de Bermúdez Requena fue detenido en Zapopan, Jalisco, el segundo al mando, un sujeto conocido como “El Pinto”, quien presuntamente formaba parte del mismo grupo investigado por las autoridades.

El secretario señaló que todas las declaraciones, testimonios y elementos probatorios recabados hasta ahora ya forman parte de las carpetas de investigación, y confirmó que todos los implicados permanecen detenidos, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. “La investigación va bien”, afirmó.

Ante preguntas sobre el sustento legal de las órdenes de aprehensión, García Harfuch fue enfático al señalar que el Gobierno federal aportó pruebas suficientes, lo que permitió su emisión por parte de las autoridades judiciales.

Sobre posibles nuevas acusaciones, indicó que hasta el momento no existen cargos adicionales, aunque no descartó que puedan surgir conforme avance el análisis de la información derivada de las detenciones recientes.

En cuanto a la situación procesal del imputado, el titular de la SSPC dijo desconocer la fecha de la próxima audiencia y si Bermúdez Requena ha solicitado atención médica. No obstante, confirmó que el exfuncionario se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, uno de los penales de mayor seguridad del país.

Respecto al aseguramiento de bienes, García Harfuch informó que existe comunicación permanente con autoridades de otros países como parte de la cooperación internacional contra la delincuencia organizada, aunque precisó que será la FGR la encargada de determinar cuántos bienes serán asegurados y en qué momento procesal.