Las poblaciones originarias del estado deben ser una prioridad en Puebla, señaló la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local, la diputada Fedrha Suriano Corrales, quien presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Ante el pleno del Congreso del Estado, la legisladora emecista refirió que la propuesta busca fortalecer el desarrollo integral de las poblaciones indígenas de la entidad por medio de la creación e impulso de industrias creativas y culturales comunitarias.
Dicha propuesta contempla reformas a los artículos 31, 33 y 42 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, a fin de establecer un marco normativo que permita al estado y a los municipios promover acciones de capacitación, formación y asistencia técnica orientadas al fortalecimiento de las actividades culturales, productivas y de comercialización con identidad indígena.
Al respecto, la también presidenta de la Comisión de Asuntos Metropolitanos en el Congreso del Estado destacó que la propuesta busca fortalecer la preservación, protección y aprovechamiento sustentable del patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos y comunidades indígenas.
En ese sentido, expresó que también se fomentará el emprendimiento comunitario, la promoción de artesanías, expresiones artísticas, medios de comunicación comunitarios y el turismo, garantizando en todo momento el respeto a los derechos colectivos y a la libre determinación de los pueblos indígenas de Puebla.
Agregó que la iniciativa está alineada a los principios establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir libremente sobre su desarrollo económico, social y cultural, y a preservar su patrimonio.
Finalmente, Suriano Corrales subrayó que la propuesta busca evitar prácticas de intermediarismo y acaparamiento en la comercialización de bienes, productos y servicios, promoviendo que los beneficios económicos derivados del aprovechamiento del patrimonio cultural de los pueblos indígenas permanezcan directamente en sus comunidades.
La iniciativa de reforma fue turnada a las comisiones competentes para su estudio, análisis y dictaminación, conforme al procedimiento legislativo, por lo que aún no ha sido sometida a votación.

