Con el objetivo de prevenir, detectar, investigar e inhibir actos de corrupción, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, mantiene una política de Cero Tolerancia a la Corrupción, mediante la cual se iniciaron 312 expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa y se mantienen en observación 173 procedimientos adicionales.

El gobernador Alejandro Armenta señaló que la estrategia anticorrupción combina acciones preventivas con la aplicación estricta de la normatividad, cuando existen elementos que acrediten responsabilidades administrativas.

Como resultado de estos procesos, se impusieron 27 sanciones a personas servidoras públicas por faltas administrativas no graves, mientras que los casos relacionados con faltas graves fueron turnados a las instancias jurisdiccionales competentes, conforme a la ley.

Estas acciones reflejan la convicción institucional de que todas las áreas del gobierno están sujetas a revisión, en congruencia con los principios de transparencia, legalidad y buen gobierno, alineados a la política nacional encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Como parte del fortalecimiento de la cultura de la denuncia, el gobierno estatal cuenta con 523 Buzones Digitales de Quejas y Denuncias instalados en dependencias y entidades públicas.

Además, se encuentran disponibles los siguientes canales:

• Plataforma PROintegridad: prointegridad.puebla.gob.mx

• Atención presencial

• Línea telefónica: 22 23 03 46 00 (extensiones 3466, 3493, 3497, 3467 y 3464)

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno atendió 5 mil 184 señalamientos ciudadanos por posibles irregularidades administrativas. De estos:

• 810 quejas fueron remitidas a autoridades competentes

• 540 asuntos se concluyeron

• 270 casos permanecen en seguimiento

Asimismo, se recibieron 214 denuncias formales, de las cuales 168 concluyeron y 46 fueron turnadas a autoridades investigadoras. Además, mil 398 personas recibieron orientación para acudir a instancias competentes y se brindaron 2 mil 006 orientaciones adicionales vía la línea PROintegridad.

Los expedientes se iniciaron por denuncia ciudadana, auditorías, revisiones de oficio y mecanismos de control interno. En cada caso se realizaron diligencias de análisis documental, obtención de información y toma de declaraciones, bajo criterios técnicos y jurídicos.

Durante el periodo, 77 investigaciones iniciadas en este ejercicio concluyeron, además del cierre de 306 expedientes de años anteriores, evitando rezagos administrativos.

Entre los casos relevantes destaca el expediente relacionado con el Museo Internacional del Barroco, en el que continúan las diligencias para determinar responsabilidades conforme al marco legal.

Las faltas administrativas graves fueron remitidas a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla.

Cuando se identificaron posibles conductas delictivas, se dio vista inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la continuidad de las investigaciones por la vía penal, sin excepciones ni privilegios.

El Gobierno del Estado reafirma que las denuncias ciudadanas sí cuentan, sí se investigan y sí derivan en sanciones cuando la ley lo establece. El combate a la corrupción fortalece la confianza ciudadana, protege los recursos públicos y consolida un gobierno honesto y transparente.