Los días de Francisco José Romero Serrano al frente de la Auditoría Superior del Estado (ASE) están contados. Con un proceso penal en curso por el delito de violencia familiar en contra de un menor, la solicitud formal para su remoción en el Congreso de Puebla y su detención por operaciones con recursos de procedencia ilícita han allanado el camino para su salida.
Un cargo que tomó en medio de la polémica, por una votación dudosa en el Pleno del Poder Legislativo en noviembre de 2019, está a punto de perderse tras su detención la noche del pasado 25 de febrero en el fraccionamiento La Vista Country Club, por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Lo que comenzó a circular como una violación a las medidas cautelares impuestas en su contra por el delito de violencia familiar, como posible motivo de la detención, se transformó en el cumplimiento de una orden de aprehensión por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ahora, con estos precedentes en su historial, la Comisión de Vigilancia, Control y Evaluación de la ASE en el Congreso local, deberá iniciar la substanciación del expediente para determinar si es procedente remover a Romero Serrano de la Auditoría de Puebla.
La historia de Romero Serrano en la ASE
Desde su nombramiento como titular de la ASE, la sombra de lo irregular se posó encima de Romero Serrano. El Pleno del Congreso del Estado aprobó su nombramiento con 27 votos a favor, lo que desató los reclamos del Partido Acción Nacional (PAN), por presuntamente no alcanzar las dos terceras partes de los diputados presentes.
Pese a los reclamos y los amparos interpuestos por los diputados panistas, la decisión había quedado fija y el arribo de Romero Serrano se concretó.
Entre sus primeras acciones emprendidas hubo prácticas auditorías preventivas al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, así como al ayuntamiento de Puebla, encabezado por la morenista Claudia Rivera Vivanco, ante denuncias de desvío de recursos, en sus respectivas gestiones.
Tras esto, su siguiente paso fue comenzar a presentar denuncias en contra de los expresidentes municipales de diversos ayuntamientos durante el año 2016, en los que incluyó a los alcaldes de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres; de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias; de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde; de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez; entre otros.
No obstante, las sospechas de manejos irregulares comenzaban a subir, pues los resultados de las auditorías preventivas a la gestión de Rivera Vivanco no salían a la luz, y conforme avanzaba su administración se veía cierta protección al no llevar a fondo denuncias e investigaciones por irregularidades en programas de apoyo durante la pandemia.
Ante esto, un escándalo surgió para Romero Serrano, una supuesta estructura generada por él para que nueve despachos externos –donde se encontraba personal cercano a él y a la Auditoría– se vieran beneficiados por entes fiscalizables para llevar a cabo las auditorías externas.
De acuerdo con información pública por Milenio, 42 entes públicos contrataron a los nueve despachos preferidos del auditor, a quienes les pagarían 34 millones 173 mil pesos por las auditorías externas, los cuales entregarán a Romero Serrano el 20 por ciento, es decir, 6 millones 834 mil pesos.
En esta serie de despachos externos beneficiados con contratos se encontraba Maldonado Jurado Asociados, involucrado en la red de consultores consentidos por Rivera Vivanco para llevarse los contratos y llevar a cabo la realización de auditorías externas en diversas áreas de la administración por parte del Comité Municipal de Adjudicaciones.
El escándalo se congeló, pero desde ese momento, Romero Serrano dejó de figurar dentro del círculo del gobernador Miguel Barbosa Huerta, siendo excluido de la presentación de la política de Combate a la Corrupción en el Estado.
En diciembre de 2021, un caso llamó la atención en el Congreso del estado, pues el Pleno aprobó el dictamen para iniciar procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades de las cuentas públicas 2016, sin embargo, la aprobación de estos dictámenes -casi seis años después- abrió la posibilidad de que los delitos en los que incurrieron prescriban y no se puedan imputar faltas.
El penúltimo escándalo que cayó sobre el auditor superior del estado fue a finales del año, cuando se conoció la orden de aprehensión obtenida por la FGE, por el delito de violencia familiar contra su pareja sentimental y su hijo menor de edad.
A pesar de que Romero Serrano negó que fue cierta esta orden, se amparó para evitar su aprehensión, sin embargo, el juez de Control de la Región Centro-Poniente de Cholula ordenó su suspensión temporal del cargo de auditor y lo vinculó a proceso.
