La elección del 2 de junio pasado sirvió, entre otras muchas cosas, para comprobar fehacientemente el grave daño que los dirigentes del PRI, PAN y PRD en turno les hicieron a sus propios partidos. Ahí está el caso de Eduardo Rivera Pérez -que no es el presidente estatal pero sí el que realmente manda en la casa blanquiazul- que sumió a la institución en la peor crisis política de los últimos 25 años y los puso al borde de la extinción.
Ahí están los vividores, perdón, los dirigentes del PRD, empezando por el bueno para nada de Carlos Martínez Amador, Julián Rendón Tapia o los hermanos Luna Porquillo que se adhirieron como rémoras a las prerrogativas y se olvidaron de hacer trabajo político. La conclusión: El Sol Azteca ha pasado a mejor vida. (Suenan en el fondo fanfarrias).
Pero el caso más emblemático sea, quizás, el de Néstor Camarillo Medina, quien por agandallarse una senaduría y poner al tricolor al servicio de Eduardo Rivera Pérez lo mandó a la quinta fuerza política de la entidad. Hasta el Partido Verde tuvo más votos.
Aunado a la estrepitosa caída del tricolor, el jovencito no ha terminado por cerrar sus problemas ante las autoridades. Todavía está en curso la investigación de la presunta venta de la candidatura de San Pedro Cholula a la alcaldesa Paola Angón Silva, quien habría pagado 2.5 millones de pesos pero el priista habría incumplido el acuerdo, según se desprende de un audio que circuló en redes sociales.
También nos enteramos que existen dos impugnaciones presentadas ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de Camarillo Medina por haber fingido su condición de indígena y adscripción a la comunidad de El Molino, en el municipio de Zacapoaxtla.
El caso se tornó más interesante porque la carta firmada por el comisario ejidal del Molino no tendría ninguna validez oficial debido a que el ejidatario no fue electo en ninguna asamblea o por lo menos no existen evidencias de su unción oficial ante el Registro Agrario Nacional.
Esto deja sin ningún valor la carta entregada ante el INE mediante la cual el priista se montó en la acción afirmativa que privilegia a grupos vulnerables, entre ellos las comunidades indígenas, para que accedan a cargos de elección popular.
Sabedor de todo el conflicto legal que enfrenta, nos cuentan que el senador electo por primera minoría anda desesperado en darle la cuadratura al círculo legal para que no lo dejen fuera de las mieles del presupuesto legislativo.
El asunto se torna peor porque ya le explicaron que tampoco puede comprobar su residencia o adscripción nada más porque el comisariado lo diga en un papel, así como tampoco con rentar una casa en el pueblo.
La verdadera condición reside en ser avecindado de la comunidad, lo que significa que la asamblea ejidal debe sesionar para avalar su inclusión al núcleo campesino mediante la adquisición de parcelas.
Todo este mar de complicaciones puso a Néstor Camarillo con los pelos de punta y, en su desesperación, comenzó con la estrategia de intentar ganarse el respaldo de los campesinos a cambio de prebendas económicas. En otras palabras: el priista pasó de ser señalado por vender candidaturas a intentar sobornar a los ejidatarios.
El exdirigente estatal necesita primero garantizar su condición de avecindado para que después el núcleo ejidal avale su postulación o reconocimiento de que cumple con los requisitos de la acción afirmativa para que los represente electoralmente.
Vaya bronca.
Es por eso que quienes han visto últimamente al priista lo notan con drásticos cambios de humor que van de la desolación a amargura, pasando por el enojo y comerse las uñas.
Un poblano en el Edomex
David Villanueva Lomelí se incorporó al gobierno del Estado de México, luego de que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez lo designó como titular de la Agencia Digital de esa entidad. El anuncio se hizo a través de la cuenta oficial de la morenista, quien además realizó otros cinco nombramientos más.
El último encargo del poblano fue encabezar la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, un organismo que fue considerado como la auditoría de la auditoría, con todo el peso legal y político que eso representa.
Una precisión sobre la designación: Villanueva llega por sus propios méritos.
