El campo deportivo “Templo del Dolor”, ubicado al interior de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), fue la sede donde este sábado se vertieron una serie de mentiras en torno a la reapertura de la universidad cholulteca: que el supuesto triunfo se debió a la “defensa jurídica” de la familia Jenkins, sus voceros y la ultraderecha poblana; que Margarita Jenkins de Landa sigue siendo la presidenta de la Fundación Udlap, y que Cecilia Anaya Berríos pudo recibir el campus como rectora por una “lucha” de quienes hoy son responsables por el desfalco de casi 730 millones de dólares a la Fundación Mary Street Jenkins.
El evento de izamiento de bandera en la Udlap tuvo además como propósito de fondo: utilizar los ánimos de la comunidad estudiantil en torno a la reapertura del campus para colocar a Margarita Jenkins de Landa como un mártir en el conflicto, y desviar la atención de las órdenes de aprehensión giradas en contra suya, de sus familiares, del exrector Luis Ernesto Derbez, los abogados Virgilio Rincón y Alejandro Hernández Muñoz, entre otros.
Margarita Jenkins de Landa, defenestrada presidenta del patronato de la Fundación Udlap, vio en el evento del movimiento #UdlapLibre la oportunidad perfecta para enviar un mensaje de victimización a través de un video que fue proyectado a los estudiantes, pues no se presentó en el sitio debido a su calidad de prófuga de la justicia, lo que en cascada la obligó a mudarse a San Diego, California.
La ultraderecha poblana, enquistados en la iniciativa privada y el sector educativo, también aprovecharon la oportunidad para colgarse del tema como un golpeteo hacia el gobierno del estado.
Emilio Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP); José Mata Temoltzin, rector de la universidad Anáhuac; así como Heriberto Rodríguez Regordosa, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestaron mensajes de felicitación por la reapertura de la Udlap, pero del desfalco a ambas Fundaciones, la respuesta fue un silencio sepulcral.
El show de reapertura de la Udlap dejó ver, de inmediato, que lo que buscaban celebrar la familia Jenkins y sus voceros, no fue la reactivación de actividades presenciales, sino que quisieron enviar un maquillado mensaje al gobierno del estado. Durante el acto presentaron un spot en el que mostraron imágenes de cuando fue tomada la universidad con titulares como “Toman instalaciones de la Udlap” y “Policía estatal interviene instalaciones de la Udlap”.
Pero lo que evitaron mostrar a toda costa fueron los encabezados de noticias que, con pruebas contundentes, informaron sobre el desvío de recursos cometidos por los Jenkins, sus abogados y el equipo de empleados en detrimento de la Fundación Udlap y Mary Street Jenkins.
La realidad es que la reanudación de actividades académicas y administrativas en la Udlap no fue un triunfo de la familia Jenkins y la rectoría, sino un revés en su contra que los puso en jaque, luego de que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil dictó el sobreseimiento del juicio de amparo 1029/2021, que obligó a la rectora Cecilia Anaya a aceptar recibir la posesión jurídica y material del campus con el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins que preside Horacio Magaña.
Aun así, el evento de reapertura estuvo plagado de mensajes imprecisos y falsos. Margarita Jenkins de Landa hizo su primera aparición pública desde que comenzó el escándalo por el desfalco, pero lo hizo sólo a través de una pantalla y bajo mentiras, pues se autoproclamó integrante del patronato del que fue defenestrada desde el 29 de junio 2021, cuando la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla nombró apoderados legales en la Fundación Mary Street Jenkins.
“Los integrantes del patronato creemos firmemente en las leyes y en el estado de derecho, es por ello que hemos recurrido a todas las instancias judiciales, a fin de recuperar el campus y devolver a nuestra universidad su dignidad atropellada”, dijo.
Quien también se montó en un falso discurso sobre el cierre de la universidad, fue el rector de la Upaep, Emilio Baños, al asegurar que la toma de la universidad fue por una “irrupción violenta” por parte de las autoridades, pero del desfalco cometido por el anterior patronato no dijo una sola palabra.
En tanto, el rector de la Anáhuac, José Mata Temoltzin, se limitó a mencionar que el cierre del campus derivó por “una serie de acontecimientos”, sin hacer en ningún momento mención del problema que detonó el conflicto de fondo y el cual se extendió durante ocho meses ante la negativa de Cecilia Anaya de recibir la administración de la Udlap, hasta que se reconociera a sus empleadores como los patrones “legítimos” de la Fundación Mary Street Jenkins y Fudlap.
La rectora Cecilia Anaya Berrios tomó su oportunidad al micrófono para destacar otra mentira, al señalar que Margarita Jenkins de Landa sigue siendo presidenta del patronato de la Udlap, mientras que en un comunicado emitido este domingo, aseguraron que Juan Carlos Jenkins de Landa sigue siendo quien preside el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, aún pese a que la doctora reconoció que la entrega del campus fue por parte del patronato de Horacio Magaña y que inclusive fueron muy amables en el proceso de la diligencia.
