El 2025 cerró con un nombre que comenzó a repetirse en el Congreso, en los pasillos del poder estatal y en la conversación política de Puebla: Laura Artemisa García Chávez. Su ascenso del ámbito legislativo al Gobierno del estado no fue repentino ni producto de una irrupción fortuita, sino la consecuencia de un año de operación política constante.

Su protagonismo se construyó a lo largo de un periodo marcado por una conducción legislativa que terminó por colocarla como una de las figuras con mayor influencia en la vida pública del estado.

Desde la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, García Chávez encabezó uno de los periodos legislativos más productivos y políticamente estables que se recuerden en años recientes. Bajo su conducción, el Poder Legislativo no solo evitó rupturas mayores entre fracciones, sino que logró acuerdos que, en otros contextos, habrían resultado impensables.

El dato duro respalda esa lectura: más de mil productos legislativos y reformas aprobadas durante su gestión. A ello se sumó un estilo de liderazgo que privilegió el consenso y el trabajo interno, incluso en momentos donde la presión política provenía tanto de la oposición como desde su propio movimiento.

Uno de los episodios que marcó su año fue la discusión y aprobación de la reforma a la Ley de Ciberseguridad, una iniciativa que se convirtió en prueba de resistencia política. Señalada por sectores opositores como un intento de censura, detonó una discusión de alcance nacional. Lejos de replegarse, García Chávez abrió foros, aceptó ajustes técnicos y logró sacar adelante una legislación que terminó recibiendo el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, con salvaguardas explícitas a la libertad de expresión, particularmente la de periodistas.

Ese proceso terminó por consolidarla como una negociadora eficaz en escenarios de alta tensión política y la posicionó como una figura capaz de conciliar sin renunciar a la conducción.

Durante su periodo al frente del Congreso, el Poder Legislativo también avanzó en reformas al Código Penal para que la violación dentro del matrimonio se persiga de oficio y para sancionar con mayor severidad los delitos cometidos contra niñas y niños a través de plataformas digitales.

Paralelo al trabajo parlamentario, Laura Artemisa sostuvo una operación territorial constante. Su Casa de Gestión se convirtió en un punto de atención ciudadana que acumuló más de mil audiencias, con acompañamiento legal, gestiones médicas, apoyo a víctimas de violencia de género y talleres comunitarios.

Desde ese espacio se impulsaron obras y acciones en las 17 juntas auxiliares de la capital: bacheo, alumbrado público, rehabilitación de espacios deportivos y drenajes en zonas con mayor rezago social.

En los ámbitos de educación y deporte —su campo de origen— gestionó apoyos directos para escuelas, botiquines, material didáctico y equipamiento para ligas comunitarias. En materia ambiental y de seguridad escolar, impulsó jornadas de reforestación y la instalación de cámaras de videovigilancia.

Ese trabajo fuera del recinto legislativo reforzó una imagen que fue creciendo con el paso de los meses: la de una política con operación y resultados, capaz de moverse con solvencia tanto en el territorio como en la arena institucional.

El respaldo explícito del gobernador Alejandro Armenta terminó de definir su lugar en el tablero político. El mandatario acudió a su informe legislativo, acompañó la inauguración de su Casa de Gestión y reconoció públicamente su estilo de trabajo.

El espaldarazo se materializó el 16 de octubre, cuando Armenta Mier la designó secretaria de Bienestar estatal. Desde esa posición, García Chávez continuó su trabajo y fue pieza clave en el despliegue de apoyos a las personas afectadas por los huracanes Jerry y Raymond, consolidándose como una de las figuras con mayor crecimiento político en Puebla en el transcurso de un solo año.