En las últimas dos décadas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dictado múltiples sentencias contra el Estado mexicano que no sólo reconocieron violaciones concretas a derechos humanos como desaparición forzada de personas, tortura, violencia sexual e impunidad; sino que trazaron obligaciones de reformar, investigar y reparar.

Estas resoluciones han demostrado patrones recurrentes en las actuaciones de las autoridades mexicanas, como son deficiencias en las investigaciones, uso desmedido de la fuerza, injerencia del fuero militar en asuntos de civiles, actitudes que invisibilizan la violencia contra mujeres e impunidad estructural.

Pese a ello, muchos de estos fallos internacionales no han sido cabalmente cumplidos por el Estado mexicano quien constantemente argumenta falta de recursos y en otros casos, como el tema de la presión preventiva oficiosa, ha sido renuente en hacer las reformas correspondientes.

Recientemente la Corte IDH, una vez más, declaró a México responsable de violaciones a derechos humanos en contra de una mujer indígena. Ernestina Ascencio Rosario de 73 años, quien en febrero de 2007, fue atacada sexualmente por integrantes de las fuerzas armadas; horas después, moriría sin recibir atención médica oportuna.

Inicialmente la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz cerró la investigación argumentando que Ernestina murió por causas naturales,  no obstante que el dictamen forense detectó lesiones y presencia de violencia. Posteriormente, la investigación militar deslindó responsabilidades y archivo el asunto sin sancionar a nadie.

Ante semejante injusticia, organizaciones de derechos presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso se remitió a la Corte en 2023.

En la sentencia, la Corte IDH calificó los hechos como tortura y concluyó que México violó múltiples obligaciones internacionales, entre ellas: el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la Igualdad ante la ley y la no discriminación.

También, subrayó que la investigación interna fue cerrada prematuramente, sin agotar las líneas de investigación necesarias, y careció de perspectiva de género, étnica y etaria, factores clave considerando que la víctima era una mujer indígena que no hablaba español. Asimismo, resaltó que el hospital no contaba con intérpretes del náhuatl que facilitaran la comunicación de Ernestina y sus familiares con el personal médico.

De igual forma, criticó que la investigación en México fue insuficiente y plagada de estereotipos de género, edad y origen étnico, y que la familia enfrentó discriminación para acceder a justicia efectiva.

La Corte IDH ordenó al Estado mexicano, reabrir de inmediato la investigación con debida diligencia, con perspectiva de género y enfoque intercultural; identificar, procesar y sancionar a los responsables, tanto civiles como militares; y, reparar integralmente a las víctimas y a los familiares, incluyendo indemnizaciones y medidas simbólicas. Y lo más importante hacer reformas estructurales para prevenir violencias similares y garantizar derechos de pueblos indígenas y mujeres.

Por su parte la Presidenta de México, ha reconocido la responsabilidad internacional del Estado mexicano por vulnerar derechos humanos e indicó que se analizará los razonamientos de la Corte interamericana para cumplir con sus obligaciones.

Esperemos que el cumplimiento a este fallo internacional sea pronto y certero y no se quede en simples buenas intenciones o, reformas en papel que no tengan ningún fin práctico.

El caso de Ernestina Ascencio marca un precedente en materia de responsabilidad estatal por violaciones graves de derechos humanos, y llama a reformas no solo legales, sino también estructurales en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, así como en el sector de la salud pública, para erradicar de forma eficaz las discriminaciones y garantizar el acceso a la justicia y a la salud para todos en condiciones de igualdad.