Pese a vender la reapertura del campus de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) como un logró del movimiento #UdlapLibre, en realidad la familia Jenkins de Landa, sus abogados, voceros, cómplices como Luis Ernesto Derbez Bautista, se quedaron sin su único resquicio jurídico para manipular un conflicto a su favor.
El golpe tiene su efectividad en que la reactivación de la vida en esa universidad quitará el distractor que obstaculizaba analizar con claridad el fondo del problema: el desfalco de casi 730 millones de dólares a la Fundación Mary Street Jenkins a manos de la familia Jenkins de Landa que, con el apoyo de su abogado Virgilio Rincón Salas, enviaron a paraísos fiscales, lo que derivó en denuncias por crimen organizado y órdenes de aprehensión que los mantiene en calidad de prófugos de la justicia.
También elimina cualquier distracción para que la ciudadanía, sobre todo la comunidad universidad, sepa con precisión el alcance del saqueo cometido por Luis Ernesto Derbez, sus vicerrectores Mario Vallejo y Mónica Ruiz, así como su consejero jurídico, Jesús Mijangos, quienes en complicidad con Virgilio Rincón y Alejandro Hernández Muñoz -autores intelectuales y materiales del saqueo a la Fundación Jenkins- simularon pagos de la institución a proveedores de empresas fantasma o ligadas con ellos.
Esta triangulación de ocho empresas les permitió desviar unos 200 millones de pesos de las arcas de la Udlap a sus propios bolsillos, así como a cuentas de empresas ligadas con los Jenkins de Landa.
Así pues, independiente de la reapertura del campus, los procesos judiciales en contra de la familia, sus abogados, el exrector Derbez y sus empleados se mantienen activos. Hasta el corte de hoy, existen seis denuncias penales (cuatro locales y dos federales) por más de seis delitos que van desde delincuencia organizada hasta evasión fiscal.
Las órdenes de aprehensión que un juez de control obsequió a la Fiscalía General de la República contra los Jenkins de Landa, están más vigente que nunca. De hecho, luego de que la familia perdió el amparo -presentado por el abogado Félix Bautista, el mismo que defiende a Margarita Jenkins para que se quede como presidenta del patronato de la Fundación Udlap- tuvieron que mudarse a San Diego, California, sitio desde el que han ofrecido entrevistas a medios internacionales.
En el caso de la Fiscalía General del Estado, las cuatro denuncias vinculadas al conflicto de la Fundación Jenkins y el desfalco a la Udlap también dieron paso a la emisión de órdenes de aprehensión contra los implicados.
Como podrá entender, la reapertura del campus no es un triunfo de la familia Jenkins o el movimiento #UdlapLibre. Es la caída del único distractor que los Jenkins tenían para ocultar sus andanzas en toda esta trama y, una vez más, ha quedado al descubierto que los padres de familia y los estudiantes terminaron como rehenes de un conflicto propiciado por la avaricia de unos cuantos.
Una vez restablecida la vida en la casa de estudios cholulteca, el impacto sobre los fallos que pueda haber en disputa por el control de los patronatos de las fundaciones Jenkins y Udlap serán mínimos, pues la narrativa de los ahora prófugos siempre estuvo centrada en que el campus fuera liberado.
Pero en el caso de los desfalcos, el cumplimiento de órdenes de aprehensión sería un escándalo mayúsculo. O, bien, que se sumen más datos sobre las andanzas de todos los implicados.
Los Jenkins siempre lo han sabido: son el peldaño más frágil en este escándalo por las fechorías cometidas. ¿Ahora de qué se quejarán? ¿De persecución? ¿De acoso? ¿Cuándo el cumplimiento de la justicia ha sido acoso, máxime que hay toda la cadena de indicios que demuestran sus irregularidades?
Ante esa vulnerabilidad, ¿cerrarán una vez más la universidad?, ¿manipularán de nueva cuenta a padres y estudiantes?, ¿harán uso de sus académicos comodinos que por unos pesos son capaces de vender hasta a su propia madre?
Este jueves fue un hecho histórico en la vida de la Udlap por una sencilla razón: los Jenkins y sus voceros quedaron nuevamente desnudos frente a la plaza pública en la que se les señala de desfalcar a una institución de asistencia privada, de una importancia capital para la entidad poblana.
En otras palabras: quedaron nuevamente encuerados en su condición de prófugos de la justicia y en su ambición por querer mantenerse como patronos de una fundación a la que se les acusa de desfalcar.
