La administración estatal a cargo de Alejandro Armenta inició un proceso de diálogo y acercamiento con la familia Abed Rouanett, responsable de la concesión del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, con el objetivo de replantear el esquema financiero de un proyecto que continúa representando una fuerte presión para las finanzas públicas de Puebla.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, dio a conocer que ya se llevó a cabo una primera reunión con los concesionarios del CIS, quienes entregaron un planteamiento preliminar que actualmente se encuentra bajo revisión por parte del Gobierno de Puebla.

Explicó que el objetivo principal es encontrar una alternativa financiera que permita reducir el pasivo, el cual actualmente supera los 4 mil 300 millones de pesos, una cifra que impacta directamente en el erario estatal.

De acuerdo con la información, de mantenerse las condiciones actuales del contrato, el estado tendría que continuar realizando pagos hasta el año 2037, situación que la administración estatal considera insostenible para las finanzas públicas.

García Parra señaló que incluso una cancelación anticipada del contrato del Centro Integral de Servicios (CIS) implicaría un costo estimado de entre 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos, escenario que también está siendo evaluado por las autoridades estatales.

El gobernador Alejandro Armenta ha sido enfático al cuestionar la forma en que fue diseñado el proyecto del CIS en gobiernos anteriores. Recordó que el Centro Integral de Servicios fue proyectado con un presupuesto cercano a los mil 500 millones de pesos; sin embargo, el monto que ya ha desembolsado el estado rebasa los 2 mil 600 millones de pesos, sin que ello haya significado saldar la deuda millonaria.

Finalmente, el mandatario dejó claro que su gobierno detuvo los pagos hasta que se realice una revisión detallada de los contratos que dieron origen al esquema financiero del CIS y advirtió que, si las negociaciones no derivan en un acuerdo favorable para Puebla, el Gobierno del Estado está preparado para llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que se determine la validez de los compromisos heredados.