El fracaso en el combate a la inseguridad pública en el municipio de Puebla fue uno de los principales factores que sumieron en el fango la campaña de Eduardo Rivera Pérez. Aunque se la pasó más de 24 meses simulando que trabajaba en la materia, la ciudad no terminó en el caos debido a que el gobierno del estado entró a hacer el trabajo que le correspondía a la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal. En su oportunidad, el exgobernador Miguel Barbosa Huerta alzó muchas veces la voz para exhibir la simulación del Ayuntamiento de Puebla en el combate a las mafias que operaban en la capital, desde narcomenudistas hasta asaltantes en transporte público y robos en general. Es imposible olvidar aquella ocasión en que demandó al gobierno municipal panista intervenir los mercados municipales, ya que se habían convertido en la madriguera de las principales células criminales que generaban la violencia en la capital y la zona conurbada. Antes de morir, el exmandatario preparaba un amplio expediente sobre los integrantes de la Policía Municipal vinculados con las diferentes mafias. Descubrió que la corporación estaba plagada de informantes y/o policías al servicio del crimen y que esa estructura podría llegar muy arriba. Eso y otras cosas más llevaron al desplazamiento de la Policía Municipal en cualquier operativo de captura de los líderes de las mafias para evitar la fuga de información. Como era previsible, la componenda con el crimen por parte de algunos de los integrantes de la SSC municipal también impactó en los resultados de la corporación: Su prioridad fue detener a borrachitos y peleoneros en la calle, pero nada de delincuentes de peso. Si la SSC, con Eduardo Rivera como jefe mayor, hubiera operado con profesionalismo y seriedad habría contado con un área de inteligencia que ayudara a detectar la operación de las células criminales. Un aparato de estas características es altamente valioso para la toma de decisiones en un tema tan sensible. Los expedientes abiertos también dan oportunidad a que, tanto el presidente municipal como la titular de la dependencia, compartieran información que llevara a un trabajo conjunto con otros órdenes de gobierno para dar golpes quirúrgicos y efectivos. Nada de eso sucedió. Eduardo Rivera capituló en su responsabilidad legal y dejó todo en manos otras instancias. Un área de inteligencia en la Policía Municipal hubiera servido, por ejemplo, para advertir al ahora candidato de Mejor Rumbo para Puebla que el grupo criminal La Barredora había sentado sus reales en la ciudad, una mafia que podría poner todo de cabeza, incluido el proyecto político del panista. De paso, le habrían advertido que entre las personas que tenían vínculo con esa célula del Cártel Jalisco Nueva Generación estaba Tania N, una exempleada suya y quien estaba en la lista de candidatos a diputados plurinominales de la coalición Mejor Rumbo para Puebla. Una revisión de los candidatos en la oficina de inteligencia hubiera servido para que el candidato a la gubernatura tomara la mejor decisión: impedir la inscripción de la candidata suplente de la dirigente estatal del PRI, Delfina Pozos Vergara. Nada de eso ocurrió. El hubiera es la conjugación del fracaso y Eduardo Rivera es el eterno político de esa conjugación.