La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, en una sesión marcada por acusaciones de trámite “fast-track” y protestas de organizaciones campesinas.
El dictamen, promovido por el Ejecutivo federal, busca regular concesiones, combatir el acaparamiento del agua, garantizar el derecho humano al agua y establecer nuevas reglas para su uso en procesos productivos. La oposición criticó que la discusión se acelerara sin abrir espacio a análisis más amplios.
Tras la aprobación en lo general, inició la discusión en lo particular, donde se revisarán 529 reservas con una lista de 154 oradores, por lo que el debate se prolongará hasta la madrugada.
Organizaciones agrícolas han advertido que la reforma podría afectar derechos históricos de uso del líquido, mientras que sectores afines al gobierno defienden que la ley impedirá abusos de grandes acaparadores y permitirá una gestión más equitativa del recurso.
El debate legislativo ocurre en un contexto de movilizaciones campesinas, bloqueos carreteros y llamados a modificar artículos que, según sus detractores, podrían centralizar el control del agua en el gobierno federal.
