Publicado originalmente por Zedryk Raziel en EL PAÍS, compartimos este reportaje por su relevancia e interés periodístico.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en extraditar de Estados Unidos al abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, al que considera el gran arquitecto de una red de empresas fantasma que ha drenado millonarios recursos al erario mediante la emisión de facturas falsas. La presidenta ha confirmado este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR), donde acaba de designar a Ernestina Godoy, una sus funcionarias más allegadas, está haciendo las gestiones necesarias para traer a México al abogado fiscalista y que los delitos de que se le acusa —delincuencia organizada, blanqueo de recursos y evasión fiscal— no queden impunes. “Se está pidiendo la extradición”, ha confirmado la mandataria en su conferencia matutina. “Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto”, ha subrayado.
Álvarez Puga, que está casado con la famosa conductora de televisión y actriz Inés Gómez Mont —a la que la Fiscalía considera su cómplice—, fue capturado por la autoridad migratoria de Estados Unidos, ICE, en octubre pasado. Desde entonces, el letrado enfrenta un juicio migratorio en el que EE UU determinará si le expulsa o no de ese país. En México, existen dos órdenes de aprehensión activas contra el abogado y su esposa, además de una ficha roja de la Interpol para su captura con fines de extradición. Desde septiembre de 2021, la FGR acusó al matrimonio por el desfalco de casi 3.000 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación en tiempos de Enrique Peña Nieto, desvío operado mediante firmas fachada.
Según los documentos del juicio migratorio, el letrado estaba en EE UU desde meses antes de que en México se libraran las órdenes de captura. En julio, a punto de vencerse su estancia regular, viajó a Las Bahamas. Tenía programado volver en avión, pero reingresó en barco sin validación migratoria, quedando de forma irregular principalmente en Florida, donde él y su esposa han amasado una enorme fortuna inmobiliaria.
Álvarez Puga promovió una solicitud de asilo, argumentando persecución por sus “posturas políticas conservadoras”. Asegura tener “temor de regresar a México” y sostiene que el Gobierno lo busca por motivos políticos, no por su presunta implicación en el desfalco millonario al erario.
Sus abogados han logrado retrasar su proceso de expulsión, solicitando audiencia previa. Registros de ICE indican que sigue bajo custodia en Miami, mientras que Gómez Mont permanece presuntamente libre. La red de complicidades que Álvarez Puga construyó en círculos políticos de alto nivel le permitió postergar su comparecencia ante la justicia. Está por verse si esa red sigue bloqueando su extradición en la era de Sheinbaum y Godoy.
