El vocero de la familia Jenkins de Landa, Enrique Rodríguez, difundió información falsa respecto a la reapertura del campus de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) que ayer aceptó la rectora Cecilia Anaya Berríos, a raíz del ordenamiento que le giró el Juzgado Segundo de lo Civil del Estado de Puebla.
En su cuenta de Twitter @jenoroma27, el también exdirector del Canal Judicial del Poder Judicial de la Federación dio a conocer, al filo de las 19:41 horas, lo siguiente: “Extra!! La @Fund_MSJenkins a través de mi conducto confirma la presencia de la Rectora en un juzgado local de Cholula para acordar el mecanismo de entrega de la @udlap Esto no significa reconocer la legitimidad a los #espurios El bien superior es el regreso a la normalidad!! ..”.
La aseveración fue la primera mentira del exfuncionario, ya que la rectora Cecilia Anaya Berríos no acudió al juzgado civil “para acordar” ningún “mecanismo de entrega” de la universidad, sino a manifestar su disposición de asumir la posesión del inmueble bajo la instrucción que determine dicho tribunal.
La doctora no tiene facultades legales para establecer ninguna restricción, condición o protesta para la recepción del campus universitario, ya que es una orden judicial que debe cumplir.
En un segundo tuit, el exservidor público investigado por anomalías en su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación escribió: “Se deberá entregar el campus totalmente liberado y sin la presencia policiaca para que el patronato que encabeza Margarita Jenkins de Landa lo reciba y se entregue el recinto a la Rectora Cecilia Anaya. Hacemos votos para que se cumpla la suspensión definitiva que nos favorece”.
Dichas afirmaciones del vocero no solo son inexactas, sino también falsas debido a que el pasado 16 de febrero, el Juzgado Tercero de Distrito sobreseyó el amparo 1029/2021, en el que había otorgado una suspensión definitiva que reconocía temporalmente -es decir, en lo que el amparo se resolvía de fondo- a Margarita Jenkins de Landa como presidenta del patronato de la Fundación Udlap y ordenaba a las autoridades entregar a su abogado Félix Edmundo Bautista Salazar o a la rectora Cecilia Anaya el campus universitario.
Al quedar sin efecto el amparo, obviamente, las medidas cautelares desparecieron, por lo que en la actualidad el único patronato legalmente reconocido es el que encabeza Horacio Magaña Martínez y fue designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, en marzo de 2021, a raíz del desfalco por casi 730 millones de dólares a la Fundación Mary Street Jenkins que derivó en órdenes de aprehensión contra la familia Jenkins de Landa, quienes siguen en calidad de prófugos de la justicia.
Por último, Enrique Rodríguez -responsable de la campaña de golpeteo hacia el gobierno del estado y en defensa de la familia Jenkins- mintió al sostener que el mecanismo de entrega del campus sea primero ante Margarita Jenkins o sus representantes y, posteriormente, ante la rectora de la Udlap. Llevar a cabo es situación propiciaría un acto ilegal en el que todos los involucrados podrían incurrir en desacato a las instrucciones del Juzgado Segundo de lo Civil y estarían permitiendo la participación de sujetos que no tienen ninguna representación legal y se encuentra “sustraídos” de la justicia.
En una entrevista que concedió al cierre de esta edición a El Sol de Puebla, el vocero intentó matizar sus aseveraciones en redes sociales, pero mantuvo firme que la recepción del inmueble no significa avalar o dar legitimidad al patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez.
