A unos días de que concluya la Revista Vehicular, el Gobierno de Puebla reportó que poco más de la mitad del transporte público logró aprobar el proceso. Y es que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), 19 mil unidades ya cumplieron con este requisito, es decir, alrededor del 55 por ciento del padrón.
La titular de la dependencia, Silvia Tanús, consideró que este avance es relevante debido a que el sector llevaba 12 años sin una revisión integral.
Adelantó que, una vez que termine el periodo de regularización, la autoridad comenzará operativos de verificación obligatoria para comprobar el funcionamiento de cámaras, botones de pánico y demás dispositivos de seguridad.
El proceso también tuvo impacto financiero para el estado: la eliminación temporal de pagos dejó una merma cercana a los 46 millones de pesos, monto que corresponde a los estímulos otorgados para que los concesionarios pudieran renovar unidades, documentación y equipo.
Mientras ocurre esta revisión, la SMT actualizó también los focos rojos del transporte colectivo. En la zona metropolitana, las rutas 10, 25, Azteca, 3 y 76 encabezan la lista de quejas por exceso de velocidad, maltrato a usuarios, cobros indebidos y fallas mecánicas.
Respecto a la tarifa, Tanús aclaró que por ahora no hay ninguna definición, toda vez que antes de estudiar un ajuste se debe concluir la modernización del parque vehicular y realizar un diagnóstico técnico que determine si un incremento es viable.
La agenda de movilidad también alcanza a las motocicletas: la funcionaria anticipó que la regulación para cascos con tecnología incorporada quedará lista en 2026 y para ello trabajan con la Secretaría de Seguridad Pública en las especificaciones técnicas, con un plazo máximo al 17 de marzo de ese año.
El gobernador Alejandro Armenta, por su parte, anunció que se creará un fondo de 200 millones de pesos para facilitar la sustitución de taxis por vehículos eléctricos.
La propuesta contempla un apoyo equivalente al 20 por ciento del enganche, además, el gobierno instalará cinco corralones estatales que estarán distribuidos en Tecamachalco, San Martín Texmelucan, Puebla capital, la Mixteca y la Sierra Norte, con tarifas reguladas para evitar abusos de concesionarios privados.
